Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio y Ana Paola Hall, denunciaron una serie de impedimentos sistemáticos, presiones políticas y amenazas que estarían afectando el normal desarrollo de las funciones del órgano electoral, en el marco del proceso de declaratoria oficial de las elecciones generales.
Cossette López alertó que sectores políticos y actores externos están intentando forzar al CNE a actuar al margen de la ley, mediante coacciones ilícitas y presiones indebidas, con el objetivo de alterar o acelerar la declaratoria de resultados sin respetar los procedimientos establecidos. La consejera fue enfática al señalar que el CNE no cederá a exigencias ilegales, ya que hacerlo pondría en riesgo la transparencia y credibilidad del proceso electoral.
Asimismo, López advirtió de que entorpecer el trabajo del CNE constituye un ilícito, y que las acciones orientadas a desacreditar o paralizar al órgano electoral buscan boicotear la declaratoria oficial, generando incertidumbre y desconfianza en la población. Pese a este escenario, aseguró que el pleno continúa avanzando en el análisis técnico y legal de las actas que presentan inconsistencias.
Amenazas a la hija de Ana Paola Hall
Por su parte, la consejera presidenta Ana Paola Hall denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte, las cuales también han sido dirigidas contra su hija, situación que calificó como grave y alarmante. Hall señaló que estas amenazas se suman a una campaña de ataques personales y desinformación que busca intimidar a las autoridades electorales y socavar su independencia.
A pesar de los riesgos, la presidenta del CNE reiteró su compromiso de cumplir con la ley y garantizar un proceso electoral transparente, subrayando que no permitirá que la intimidación o la presión política interfieran con las decisiones institucionales del organismo.
Las denuncias de las consejeras se producen en un contexto de alta tensión política, marcado por cuestionamientos al proceso electoral por la falta de resultados oficiales dos semanas después de las votaciones y demandas de distintos sectores, lo que ha colocado al CNE bajo una presión sin precedentes.
Hasta el momento, el organismo electoral sostiene que continuará trabajando conforme al marco legal, haciendo un llamado al respeto institucional y al Estado de derecho.