El diputado del Partido Liberal de Honduras, Yavhé Sabillón, denunció que las movilizaciones de Libre podrían implicar un gasto diario de entre 5 y 10 millones de lempiras. Según sus declaraciones, los recursos se destinarían a transporte, alimentación y hospedaje de personas provenientes de los 18 departamentos que se trasladarían a Tegucigalpa desde el 9 de noviembre.
Sabillón cuestionó la procedencia del dinero que financiaría estas movilizaciones y señaló que el país enfrenta graves carencias en servicios públicos, mientras se destinan importantes sumas a actividades políticas. Según el legislador, la población hondureña sería quien pagaría indirectamente estos gastos, aunque no se ha presentado evidencia que confirme si se trata de fondos públicos, privados o mixtos.
La denuncia se suma al clima de tensión política en Honduras, donde la transparencia de los recursos de los partidos se ha convertido en un tema de debate constante. Algunos analistas han señalado que estas movilizaciones podrían reflejar un uso irregular de fondos, pero hasta ahora no existen informes oficiales que certifiquen el origen de los recursos.
El diputado liberal también alertó sobre la magnitud de la movilización, indicando que la logística de trasladar miles de personas de distintos departamentos representa un costo elevado que genera inquietud entre la ciudadanía. La falta de claridad sobre quién asumirá los gastos y cómo se gestionarán los recursos ha abierto interrogantes sobre la legalidad y ética política de estas operaciones financieras.
Organismos ciudadanos y medios de comunicación han destacado la necesidad de transparencia electoral y financiera, insistiendo en que la ciudadanía hondureña tiene derecho a conocer la procedencia de los fondos de movilización política. La iniciativa de Libre se produce en un contexto donde la rendición de cuentas se vuelve cada vez más relevante para la confianza en las instituciones.
El debate sobre el costo y financiamiento de las movilizaciones de Libre continúa generando comentarios en redes sociales y medios locales, mientras los diputados de oposición insisten en que se investigue y se clarifique la situación antes de que se ejecuten los traslados masivos. La atención se centra ahora en si habrá pronunciamientos oficiales que aclaren si los recursos provienen de fondos del Estado o aportes privados.