El gobierno de Libre, a la desesperada por sus malos datos en las recientes encuestas, ha lanzado la entrega masiva del Bono de Alivio Climático a más de 234,000 hogares, movilizando 661.1 millones de lempiras provenientes de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Aunque presentado como una medida social frente a la crisis climática, la oposición y observadores denuncian que el programa se ha transformado en una herramienta de campaña del partido Libre, con participación activa de sus candidatos a diputados en los actos de entrega.
Bono social como estrategia política a la desesperada
El bono, gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del programa Red Solidaria, ofrece una transferencia única de hasta 7,000 lempiras por familia. Según el gobierno, busca mitigar los efectos de las lluvias y sequías en las zonas más afectadas del país.
Sin embargo, la coincidencia de su ejecución con la recta final del proceso electoral y el tono político de los eventos han generado fuertes cuestionamientos.
En videos y fotografías difundidos en las redes sociales oficiales de candidatos a diputados de Libre, se observa a varios de ellos participando activamente en los actos de entrega, portando símbolos partidarios, pronunciando discursos políticos y pidiendo apoyo electoral. En algunos casos, los aspirantes han difundido mensajes en los que atribuyen directamente el bono a su partido y a la candidata presidencial Rixi Moncada, rompiendo el principio de neutralidad del Estado.
Volumen y origen de los recursos
El programa beneficia a 234,579 hogares, equivalentes a más de 1.1 millones de personas, concentrados en los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida, Francisco Morazán, El Paraíso y Santa Bárbara.
La entrega se realiza mediante brigadas móviles de Sedesol y puntos habilitados en los municipios, con apoyo logístico de alcaldías y organizaciones locales afines al oficialismo.
Los fondos provienen de un crédito firmado con el BCIE en 2021, destinado originalmente a la atención de emergencias derivadas de los huracanes Eta e Iota. El actual gobierno reactivó esos recursos y los reorientó bajo la figura del Bono de Alivio Climático, con un desembolso total de 661 millones de lempiras.
En San Pedro Sula, por ejemplo, ya se han distribuido más de 107 millones de lempiras entre 15,368 familias, según datos oficiales.
Críticas y denuncias del Partido Nacional y PSH
El Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH) han denunciado que el bono se utiliza con fines proselitistas, en violación a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
También organizaciones civiles han documentado denuncias de ciudadanos que aseguran haber recibido presiones o condicionamientos políticos para acceder al beneficio.
Uno de los casos más comentados fue el del ministro de Infraestructura, Octavio Pineda, quien publicó en redes sociales: “Tome el bono de alivio climático y vote el 30 de noviembre”, mensaje que desató una ola de críticas por el uso electoral de recursos públicos.
Riesgos e implicaciones
Analistas advierten de que el uso de programas sociales en un contexto electoral puede erosionar la legitimidad institucional y distorsionar la competencia política. Además, el hecho de que el financiamiento provenga de deuda externa plantea riesgos fiscales y éticos.
Economistas señalan que la entrega de un bono único no resuelve la vulnerabilidad estructural ante los fenómenos naturales y que, sin mecanismos de seguimiento, el impacto del programa será efímero y eminentemente político.