El gobierno de Libertad y Refundación (Libre) anunció que la recompensa por información que conduzca a la captura del general en retiro Romeo Vásquez Velásquez asciende ahora a 30 millones de lempiras, la cifra más alta ofrecida en la historia reciente de Honduras.
La decisión, presentada como una medida de justicia por hechos ocurridos tras la destitución de Mel Zelaya en 2009 y por supuestos vínculos con el crimen organizado, ha despertado fuertes cuestionamientos. Para la oposición y amplios sectores sociales, la medida no responde a una política coherente de seguridad ni de lucha contra la impunidad, sino a una venganza política orquestada por Libre contra un viejo enemigo.
La pregunta central es: ¿de dónde saldrán esos 30 millones de lempiras? En un país con hospitales colapsados, sin medicinas ni alimentos en los centros de salud, con el IHSS al borde del colapso y médicos en huelga, el gobierno de Xiomara Castro destina recursos millonarios a una recompensa cuyo beneficio real es incierto.
El incremento meteórico de la cifra —que comenzó en medio millón y hoy supera los 30 millones— genera sospechas sobre el uso electoral de la justicia. Mientras las calles se llenan de propaganda oficialista sobre supuestos logros en educación y salud, el pueblo sigue esperando soluciones reales a los problemas cotidianos.
Más que un acto de justicia, la decisión de Libre se percibe como un ajuste de cuentas: una manera de revivir viejas heridas del pasado y presentarlas como bandera política en plena campaña. En lugar de fortalecer las capacidades de investigación y la independencia judicial, se apuesta por un gasto millonario que divide más al país y no garantiza resultados.
El caso Romeo Vásquez muestra una vez más cómo en Honduras la justicia se manipula a conveniencia del poder político. Para muchos, esta no es una cruzada contra la impunidad, sino una venganza con dinero del pueblo hondureño.