La reciente denuncia de la consejera del Partido Nacional reveló un hecho que debería preocupar a todos los hondureños: la ocupación de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral por fuerzas policiales y militares, sin coordinación ni autorización de las autoridades del organismo.
Este acto es improcedente y alarmante. Los entes de seguridad del Estado no pueden ni deben entrar “como Pedro a su casa” a un organismo autónomo encargado de garantizar elecciones libres y transparentes. La autonomía del CNE es un pilar esencial de la democracia; vulnerarla es un ataque directo a la voluntad del pueblo.
La militarización del CNE refleja un modus operandi peligroso: utilizar el aparato del Estado para controlar, intimidar y condicionar la actividad electoral. Mientras el país observa, los votantes deben entender que este tipo de maniobras socavan la credibilidad de las elecciones y generan miedo entre el personal del CNE.
No se trata de un operativo aislado ni de un exceso de precaución; es un precedente peligroso que envía un mensaje claro: el gobierno pretende supervisar y presionar el trabajo del organismo electoral para favorecer sus intereses políticos.
Honduras no puede permitir que la autonomía del CNE sea convertida en un objetivo de control partidario. La democracia exige transparencia, independencia y respeto a las instituciones, valores que el actual gobierno parece dispuesto a ignorar.
Es hora de que los ciudadanos y la comunidad exijan respeto a la institucionalidad electoral y rechacen cualquier intento de militarizar la democracia.