Colectivos afines al partido Libertad y Refundación (Libre) tomaron la pasada semana las oficinas del Instituto de la Propiedad (IP) en el Centro Cívico Gubernamental, denunciando que no han recibido pagos desde hace siete meses.
La protesta dejó suspendidos los servicios al público en las oficinas, mientras los manifestantes mantenían cerradas las puertas y retiraban a algunos empleados del lugar, según reportes de medios locales. Los colectivos instalaron pancartas y señalaron que su acción se mantendrá hasta que se cumplan sus demandas salariales y políticas.
Pérdida de apoyo social en el oficialismo
No es la primera vez que los colectivos de Libre recurren a este tipo de medidas. En meses anteriores, ya habían tomado las instalaciones del IP para exigir la reincorporación de empleados despedidos y denunciar supuestas intervenciones políticas en la institución. Analistas destacan que estas acciones combinan reclamos laborales con presión política, mostrando un patrón de conflictos recurrentes entre los colectivos y la administración del IP.
Además de las denuncias de despidos, las movilizaciones y tomas organizadas por Libre han generado críticas por los altos costos y las condiciones precarias de sus seguidores. Durante la reciente “movilización sin retorno” convocada para el 9 de noviembre, simpatizantes durmieron en colchonetas sobre el suelo y recibieron alimentos fríos en la Villa Olímpica, lo que provocó indignación entre los mismos participantes. Según estimaciones de legisladores, estas actividades podrían costar entre 5 y 10 millones de lempiras diarios.
La combinación de protestas por falta de pagos, denuncias de condiciones deficientes y acciones de presión política refleja un desgaste en el apoyo social de Libre y plantea un desafío para la institucionalidad del país. La situación continúa siendo monitoreada por autoridades y medios locales, mientras los colectivos mantienen su presencia en el IP y la capital.