Libre vuelve a mostrar de lo que es capaz. El oficialismo enseña otro síntoma de la deriva autoritaria y antidemocrática que caracteriza su gestión, al anunciar que impulsará en el Congreso Nacional la cancelación de la personería jurídica del Partido Nacional y del Partido Liberal. El diputado Mario Portillo adelantó que la bancada de gobierno buscará catalogar a los partidos tradicionales como “organizaciones terroristas”, bajo el argumento de que habrían sido instrumentalizados para actividades ligadas al narcotráfico.
La reacción no tardó en llegar. Desde el Partido Nacional, el diputado Eder Mejía respondió que la maniobra no es más que una cortina de humo para desviar la atención de los vínculos de Libre con regímenes cuestionados como el de Nicolás Maduro en Venezuela. “Están tratando de defender lo indefendible”, dijo, señalando también la alineación del oficialismo con el Foro de São Paulo.
La jugada se interpreta como una contraofensiva política. Y es que el Nacional, apenas días atrás, promovió en el Congreso una declaratoria contra el Cartel de los Soles, la estructura de militares venezolanos señalada por narcotráfico. El golpe alcanzó directamente a Libre por sus nexos con Caracas, y la respuesta no se hizo esperar: tratar de borrar de un plumazo a los partidos históricos del país.
Con este movimiento, el oficialismo eleva la confrontación política a un nivel inédito. En vez de construir consensos para fortalecer la institucionalidad y garantizar elecciones limpias, se abre un camino de persecuciones cruzadas que amenaza con desestabilizar aún más la vida democrática. Libre, en su intento de blindarse, arrastra al Congreso a un escenario de ruptura donde la oposición denuncia un claro intento de concentración de poder.