Las elecciones del 30 de noviembre dejaron un mensaje brutal e inequívoco: el gobierno de Xiomara Castro y la familia Zelaya-Castro ha sufrido un descalabro sin precedentes, y con él se desploma la credibilidad de un proyecto político que llegó al poder prometiendo cambios y transformaciones profundas.
Los resultados electorales no son un accidente ni un tropiezo circunstancial, ni ha sido por fraudes o conspiraciones: nada de esa retórica gastada, poco creíble e ilegítima amortiguan el golpe electoral: perder 1.2 millones de votos. Reflejan cuatro años de gestión que los votantes han considerado los peores de la historia reciente del país. Ni la masiva entrega de bonos y programas asistenciales, ni el reparto de huevos en las grandes ciudades, ni las medidas de apoyo a los sectores más desfavorecidos lograron sostener el respaldo de la población. Libre obtuvo sus peores resultados de su historia política, y la severidad del castigo electoral trasciende a cualquier candidato individual.
El desplome es interclasista, transversal y generalizado. Incluso dentro de las filas del propio partido, el descontento es evidente: ni los diputados ni los alcaldes lograron mantener su base, y Rixi Moncada —la candidata de Libre— recibió menos votos que muchos de ellos. Ese castigo se proyecta directamente hacia Xiomara Castro como presidenta y hacia Mel Zelaya como coordinador general del partido, verdadero arquitecto y dueño de la organización. La política familiar, que tantas veces ha caracterizado a Libre, ya no engaña a nadie. La irrupción de la familia Zelaya-Castro en la administración del país ha mostrado sus límites y fracasos de forma contundente.
Peor aún, el gobierno no ha ofrecido resultados reales de cambio ni mejoras sociales sostenibles. Su administración se ha centrado en el asistencialismo electoralista y en la gestión de clientelas políticas, mientras la sociedad sigue enfrentando desigualdad, violencia y abandono institucional. No ha existido un proyecto integrador que convoque a todos los hondureños; por el contrario, se ha fomentado la división y el enfrentamiento entre partidos, convirtiendo adversarios políticos en enemigos. Sectores como el empresariado, las iglesias y colectivos afines han sido atacados, y la situación de las mujeres hondureñas, especialmente frente a la violencia de género, ha sido ignorada de manera sistemática.
El espectáculo posterior a la derrota —Rixi Moncada apareciendo acompañada de Xiomara y Carmen Haydeé, mientras Mel Zelaya intenta resolver la crisis con miembros de su familia— evidencia que la política de Libre sigue atrapada en la lógica familiar y personalista, lejos de responder a las necesidades reales del país. Las proclamas de movilización y protesta de La Pichu ya no convencen a nadie, ni siquiera a sus propios militantes, que han abandonado esas llamadas sin retorno.
Puede decirse sin ambages: la irrupción de los Zelaya-Castro en la política y en el gobierno ha sido lo peor que le ha podido ocurrir a Honduras en las últimas dos décadas. Libre queda deslegitimado, y con él, todo el aparato político familiar que intentaba perpetuar su influencia. El país exige liderazgos que sea capaces de gobernar con resultados, con visión, y no con retórica, enfrentamiento y clientelismo. La severidad del castigo electoral es clara: Honduras ha cerrado un capítulo, y la izquierda debe replantearse desde cero su proyecto político si pretende volver a ser relevante.