Durante el gobierno de Xiomara Castro, los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) han protagonizado múltiples ocupaciones de instituciones públicas que no solo paralizan oficinas, sino que también interrumpen procesos administrativos y tensionan la institucionalidad democrática.
Más allá de las tomas evidenciadas en hospitales, entidades energéticas o el Consejo Nacional Electoral, existen episodios menos prominentes pero igualmente reveladores sobre cómo operan estos colectivos: ingreso físico, bloqueo de accesos, amenazas y demandas de cargos, lo que implica un patrón sistemático de presión.
La irrupción violenta en el Congreso Nacional
En uno de los eventos más violentos por parte de los colectivos, en julio de 2025, colectivos de Libre irrumpieron en los bajos del Congreso Nacional, bloqueando los accesos e irrumpieron en el edificio mientras se esperaba la presencia de consejeros del CNE para explicar el retraso en la adjudicación del sistema TREP.
Los militantes, portando banderas y pancartas, coreaban consignas a favor de Libre y de uno de sus representantes en el órgano electoral, mientras algunas personas fueron expulsadas por enfrentamientos, incluyendo una mujer de la tercera edad que tuvo que ser escoltada por la Policía para protegerla. Durante la comparecencia, los colectivos interrumpieron las intervenciones de las consejeras, quienes se vieron obligadas a abandonar el salón bajo presión creciente; se lanzaron objetos y se gritaba para intimidar a los funcionarios presentes. Días antes, los llegaron a las instalaciones del CNE y se tomaron el edificio con el objetivo de impedir que las empresas presentaran sus ofertas para la licitación del sistema TREP.
La toma del Centro de Salud Alonso
Uno de los casos más llamativos ocurrió en el Centro de Salud Alonso Suazo, en Tegucigalpa. En junio de 2023, los colectivos de Libre tomaron las oficinas administrativas y de recursos humanos exigiendo 80 plazas laborales prometidas por autoridades de salud. Según sus relatores, permitieron que las consultas y atenciones médicas continuaran con normalidad, pero cerraron las oficinas administrativas y algunas unidades como archivo. Al menos diez vehículos estacionados en el centro amanecieron con las llantas ponchadas, hecho que generó denuncias cruzadas entre los colectivos y personal de salud. Al mismo tiempo, los colectivos pidieron la destitución del director regional, el doctor Jorge Cálix, argumentando que había incumplido compromisos de contratación.
Las tensiones no fueron solo administrativas. Contracorriente reportó que en un momento previo hubo enfrentamientos entre dos grupos: uno encapuchado que intentó desalojar a los colectivos y otro que defendía la toma. Se usaron machetes, tubos de metal y piedras, y se advertía sobre posibles consecuencias graves. Según esos relatos, la Policía Nacional intervino para evitar una escalada violenta. Además, los colectivos advirtieron que seguirían con sus acciones si no se cumplían sus demandas, incluyendo la renuncia del director.
La ocupación de la Secretaría de las Culturas, Artes y los Patrimonios
Un episodio distinto pero también relevante fue la toma de la Secretaría de las Culturas, Artes y los Patrimonios en octubre de 2023. Militantes de Libre ocuparon la entrada del edificio, colocaron banderas del partido, exigieron plazas para sus simpatizantes y la destitución de empleados a quienes llamaron “mapaches” (vinculados a otros partidos). La Policía Nacional se desplegó para resguardar las instalaciones y prevenir enfrentamientos; no se reportaron heridos graves ni daños estructurales, pero la ocupación dejó clara la capacidad de presión política de estos colectivos sobre instituciones culturales.
Otros asaltos a instituciones de los colectivos de Libre
En otros frentes, los colectivos han repetido tácticas similares en agencias de transparencia o secretarías recién creadas bajo el gobierno de Castro, aunque con menor repercusión mediática. Si bien no se han reportado destrucciones masivas en esos casos, la presencia física, los bloqueos y las exigencias de plazas consolidan una estrategia recurrente para desestabilizar o condicionar decisiones institucionales.
Además, los colectivos han demostrado flexibilidad para usar diferentes escenarios de protesta. Por ejemplo, han bloqueado vías públicas para ejercer presión: en agosto de 2025, un grupo tomó la carretera CA-4 en Copán, demandando la restitución de una jefa de Recursos Humanos en la Región de Salud.
Cuando analizamos estas tomas adicionales junto con las más conocidas —Hospital Escuela, ENEE, Hondutel, SENAF, CNE— surge una estrategia coordinada. No se trata sólo de reclamos laborales, sino de instaurar presencia física en instituciones clave para captar poder, negociar puestos y forzar decisiones desde adentro. En varios casos, la amenaza explícita es la destitución de funcionarios si no se accede a sus exigencias.
En el Alonso Suazo, las tomas repetidas (incluso tras intervenciones policiales) han dejado en evidencia que los colectivos no aceptan soluciones a medias: exigen cumplimiento estricto de sus acuerdos, y cuando no logran lo que quieren, advierten con escalar la protesta. Las consecuencias más visibles no son daños estructurales, sino más bien interrupciones administrativas, desorganización en recursos humanos y desgaste institucional.
En la Secretaría de las Culturas, la acción simbólica (banderas, ocupación de la entrada) ha sido suficiente para mostrar fuerza y presencia política.
La estrategia de Libre: atemorizar y controlar a los funcionarios
Este patrón de poder paralelo resulta preocupante para la institucionalidad democrática: grupos adheridos a Libre han logrado insertarse dentro de instituciones clave, presionar por plazas laborales, destituciones y cambios en la nómina pública, y amenazar con escalar sus acciones si no obtienen lo que demandan. Esa estrategia erosiona la meritocracia, debilita los procesos administrativos y abre la puerta a mayor politización de la función pública.
Si se añade a todo esto la presencia reiterada en tomas de oficinas y la interrupción de recursos clave (como la atención administrativa en el hospital Alonso Suazo), el Estado enfrenta un desafío serio: cómo restablecer el control institucional y garantizar que las contrataciones y las decisiones se tomen con transparencia y profesionalismo, no bajo coerción política.
La persistencia de estas ocupaciones refleja que los colectivos de Libre no actúan solo esporádicamente, sino de forma estructurada. Sus tomas son constantes, calculadas y orientadas a obtener beneficios internos en las instituciones públicas. Para muchas organizaciones y analistas, esto representa una amenaza a la independencia del Estado: la fuerza política de estos grupos podría socavar las capacidades del Estado para administrar con neutralidad, especialmente en áreas sensibles como salud, cultura, transparencia y empleo público.
Los colectivos de Libre han desarrollado un sistema de presión política constante: toman oficinas, bloquean accesos, amenazan con escaladas, exigen plazas y destituciones. Sus acciones en salud, cultura y otras áreas reflejan una estrategia para consolidar poder dentro del Estado, más allá de la retórica electoral. El Estado hondureño necesita fortalecer sus mecanismos institucionales para resistir esta forma de asalto político y proteger la neutralidad de sus instituciones.