Resulta paradójico que el Congreso Nacional organice un evento de alto perfil sobre constitucionalismo y democracia, mientras su propio presidente, Luis Redondo, es señalado por pisotear día sí y día también las normas que deberían garantizar un mínimo de institucionalidad en Honduras.
Ayer, la asamblea legislativa socializó el I Congreso Internacional sobre Constitucionalismo y Democracia, Retos del Estado de Derecho en América Latina, en el que participan académicos nacionales e internacionales con conferencias sobre independencia judicial, derechos humanos, técnicas legislativas y justicia constitucional. El evento cuenta con el respaldo de universidades españolas como la de Castilla-La Mancha y la de Valencia, lo que busca darle un aire de prestigio y seriedad al parlamento hondureño.
Sin embargo, la realidad contrasta con el discurso. Basta recordar el episodio de la renuncia de la magistrada Ana Paola Hall, cuando Redondo secuestró el debate en el hemiciclo y negó la palabra a las bancadas de oposición, imponiendo así una decisión unilateral sobre la representación del pueblo hondureño.
La paradoja se agrava con el manejo de los fondos públicos. El presidente del Congreso entregó becas financiadas con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), fondos que han sido objeto de fuertes críticas por su uso partidista en favor de Libre. Estos actos ponen en entredicho la transparencia de un poder del Estado que debería ser ejemplo de probidad.
Que el Congreso Nacional hable de “fortalecer el Estado de derecho” mientras sus propios dirigentes acumulan episodios de manipulación institucional y clientelismo político es un reflejo de la contradicción entre el discurso y la práctica. La ciudadanía, por su parte, recibe un doble mensaje: se promete respeto a la Constitución desde un foro académico, pero se la viola desde la conducción política del parlamento.