El debate sobre la reforma a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) se ha convertido en uno de los temas más candentes de la agenda legislativa y social en Honduras. Lo que inició como un proyecto para ajustar la normativa y supuestamente garantizar la sostenibilidad financiera del instituto, hoy enfrenta el rechazo de buena parte de las bases magisteriales, divisiones internas en las dirigencias y un Congreso Nacional que no logra construir consensos.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, anunció la suspensión de la discusión en tercer debate para evitar una votación sin respaldo suficiente, previsto para hoy 17 de septiembre, Día del Maestro. “Suspenderemos la discusión de dicho dictamen hasta lograr los consensos necesarios que esperamos sea pronto”, señaló, en un intento por desactivar la presión que se vivía dentro y fuera del hemiciclo.
La propuesta de reforma incluye ajustes en la edad de jubilación, cambios en la administración del instituto y nuevas reglas para anticipos y beneficios. En algunos borradores se plantea la reducción de la edad de retiro de 62 a 55 años para ciertos tramos, así como la eliminación de penalizaciones en casos de anticipo de pensión. Estas modificaciones han sido vistas por algunos dirigentes como avances, pero otros sectores del magisterio denuncian que no fueron socializadas y temen que a futuro se traduzcan en pérdida de derechos o inestabilidad financiera del fondo.
El conflicto se ha trasladado a las calles. Durante las últimas semanas, maestros de distintos departamentos han realizado plantones en los bajos del Congreso Nacional, con pancartas y símbolos de protesta, incluso ataúdes, denunciando que la reforma se quiere imponer sin consultar a las bases. La efervescencia se hizo sentir en la víspera del Día del Maestro, donde se esperaba la aprobación en tercer debate, lo que terminó forzando la suspensión del proceso legislativo.
Entre los dirigentes más visibles está Yuri Hernández, del PRICPHMA, quien ha convocado a movilizaciones y advertido que la paciencia de los docentes se agota. “Estamos firmes y somos de lucha… no descartamos una revuelta en el país para que los diputados se pongan de acuerdo”, declaró, responsabilizando directamente a las bancadas por el estancamiento.
Las críticas se centran en tres puntos: la falta de socialización de las reformas, los antecedentes de mala administración del INPREMA y el temor a que se utilice políticamente el fondo de previsión. Para los maestros, cualquier cambio en la edad de jubilación o en los criterios de cálculo de pensiones afecta directamente su futuro, y la desconfianza hacia las autoridades es alta.
Libre, por su parte, insiste en que busca un dictamen equilibrado que no comprometa la sostenibilidad financiera del instituto. Sin embargo, la decisión de suspender el debate evidencia la dificultad de alcanzar un acuerdo en un tema que toca a más de 80 mil afiliados y jubilados a las puertas de las elecciones. Mientras tanto, los gremios magisteriales continúan con asambleas informativas y mantienen la presión en las calles, a la espera de que se retome la discusión con un proceso más transparente.
El conflicto por la Ley del INPREMA no es solo un asunto técnico de previsión social: es un pulso político y social que puede escalar si no se atienden las demandas de transparencia y participación de los docentes. La suspensión en el Congreso apenas pospone una crisis que sigue abierta, y que amenaza con convertirse en un nuevo factor de polarización en un país donde las protestas sociales ya han cobrado protagonismo en los últimos meses.