Más de 200 restaurantes habrían cerrado en Honduras por aumento de costos operativos

Más de 200 restaurantes habrían cerrado en Honduras por aumento de costos operativos

El sector gastronómico advierte sobre la pérdida de miles de empleos, mientras el precio de la energía, los combustibles, los alquileres y los insumos reduce la rentabilidad de los negocios.

Tegucigalpa, Honduras. Más de 200 restaurantes habrían cerrado sus operaciones en Honduras durante 2026, de acuerdo con estimaciones divulgadas por representantes de la Asociación Gastronómica del país.

Kenneth Rivera, directivo de la organización, advirtió que los cierres han generado la pérdida de miles de empleos y afectan tanto a establecimientos independientes como a negocios que operaban bajo marcas reconocidas. La organización ubica la cantidad de puestos afectados por encima de los 10,000.

El sector atribuye la situación al incremento acumulado de los costos de energía eléctrica, alimentos, combustibles, alquileres y salarios, además de la extorsión y la reducción del consumo en algunos sectores de la población.

Desde el 1 de abril entró en vigencia un ajuste del 10.49 % en la tarifa eléctrica. El precio promedio por kilovatio hora pasó de 4.81 a 5.32 lempiras, mientras pequeños establecimientos reportaron aumentos de entre 8 % y 15 % en sus recibos mensuales.

Los restaurantes figuran entre los negocios más expuestos porque dependen de sistemas de refrigeración, congeladores, cocinas, ventilación y aire acondicionado durante gran parte de su jornada.

A las tarifas se suman los apagones y mantenimientos prolongados. Para continuar operando, algunos propietarios recurren a generadores eléctricos, lo que agrega el costo del combustible y el mantenimiento de los equipos.

Los representantes de la micro y pequeña empresa han advertido que el aumento de los gastos obliga a reducir horarios, eliminar productos del menú, prescindir de trabajadores o trasladar parte de los costos al consumidor.

El cierre de establecimientos no afecta únicamente a sus propietarios y empleados. También golpea a productores agrícolas, distribuidores de alimentos, empresas de transporte y otros proveedores vinculados con la cadena gastronómica.