Indignación, silencio y desconfianza hacia las autoridades definen el ambiente en la aldea de Rigores, en el sector del Aguán, departamento de Colón, cuatro días después de que 20 jornaleros fueran asesinados a tiros el 21 de mayo en la finca Paso Aguán, en una masacre que dejó niños sin padres y viudas embarazadas.
«Callamos porque tenemos miedo»
Las pocas personas que accedieron a hablar con medios de comunicación lo hicieron en el anonimato. Un campesino que perdió familiares en la matanza resumió a EFE el sentir de la comunidad: llevaban décadas acumulando muertos y la respuesta seguía siendo el silencio forzado por el terror. Los sobrevivientes y vecinos temen ser las próximas víctimas, en una región marcada por un histórico y sangriento conflicto de tierras que se extiende por décadas.
Cuestionamientos a Policía y Fuerzas Armadas
Los pobladores del Aguán se quejaron de la actuación que calificaron como tibia por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Varios jornaleros que trabajan en la recolección de fruta de palma africana manifestaron que no quieren ver a policías en la zona, señalando que algunos elementos de esa institución serían cómplices de sicarios contratados por empresarios para amedrentar a campesinos que reclaman tierras.
Otros testimonios apuntan a que en la masacre habrían participado personas vestidas con uniformes policiales, versión que las autoridades niegan. La desconfianza se profundizó cuando se constató que un pequeño grupo de policías, incluido un alto oficial llegado desde Tegucigalpa, se presentó más de doce horas después del crimen sin saber siquiera dónde estaban siendo velados los cuerpos.
Organizaciones campesinas exigen intervención externa
La Plataforma Agraria del Bajo Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán calificaron la masacre como un crimen de lesa humanidad y exigieron que la investigación sea conducida por un grupo especializado con personal externo a la zona, capaz de identificar no solo a los autores materiales sino también a las estructuras detrás del hecho. Ambas organizaciones demandaron además una intervención urgente de fuerzas de seguridad capacitadas bajo veeduría internacional.
Las mismas organizaciones han denunciado reiteradamente ante autoridades nacionales y organismos internacionales los vínculos entre grupos armados de la región y fuerzas de seguridad, operadores de justicia y empresas agroindustriales. Según su análisis, la falta de investigación y la omisión sistemática en la persecución de delitos contra campesinos es lo que permitió que la violencia escalara hasta una masacre de esta magnitud.
Dos bandas armadas están detrás de la violencia
Las organizaciones campesinas señalaron que desde mayo de 2025 opera en la zona una ola de violencia protagonizada por dos estructuras armadas: la banda dirigida por Harold Mejía, conocida como el Grupo del 8, y la banda de Los Canechos, conducida por Nelson Castellanos, alias ‘El Canecho’. Las víctimas han sido principalmente campesinos de la aldea Panamá, perseguidos por ambos grupos.
El presidente Nasry Asfura prometió tras la masacre que los responsables serían encontrados y condenados, y que su administración enfrentará el problema sin temor. Sin embargo, entre los campesinos del Aguán esa declaración no generó credibilidad.