El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, presentó un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, actualmente en condición de retiro. La acción penal se deriva de publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de carácter castrense.
De acuerdo con el ente acusador, el contenido fue señalado por periodistas y por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como parte de una presunta campaña de desacreditación contra integrantes del gremio, a quienes el material llegó a calificar de «sicarios de la verdad». La denuncia inicial fue presentada por el periodista Dagoberto Rodríguez Coello, tras una publicación del 26 de mayo de 2025, y posteriormente se sumaron los comunicadores Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, precisó que el requerimiento no incluye orden de captura y que corresponderá a un juez fijar la fecha de la audiencia inicial. El proceso investigativo incluyó diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre material audiovisual y digital, y la recopilación de testimonios dentro del expediente, a cargo de la fiscalía especializada.
Roosevelt Hernández aseguró que desconoce el contenido del requerimiento, pero manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades si es citado formalmente. El exjerarca militar rechazó haber responsabilizado a la oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas por los ataques contra la prensa registrados durante su gestión, versión que el Colegio de Periodistas de Honduras había calificado como «cobarde».
El Ministerio Público recordó que la libertad de prensa y de expresión están protegidas por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, y que ningún funcionario o exfuncionario está exento de rendir cuentas ante posibles vulneraciones a estos derechos.