A noventa días de las elecciones generales del 30 de noviembre, persisten serias inquietudes en torno al voto exterior en Honduras. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no se ha manifestado al respecto, mientras que más de 436,000 connacionales están habilitados para participar desde el extranjero, principalmente Estados Unidos y España, una cifra histórica que destaca tanto por su potencial como por las preocupaciones que genera.
Las voces ciudadanas, agrupadas en plataformas como la Fundación 15 de Septiembre, han denunciado irregularidades en la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) a hondureños que residen fuera del país. Se teme que más de 400,000 documentos no hayan sido entregados, lo que compromete su derecho al voto y abre la puerta a especulaciones sobre manipulación electoral. Quienes han denunciado esta situación advierten que activistas del partido oficialista estarían gestionando DNI de forma acelerada para favorecer a sus simpatizantes, mientras otros quedaron rezagados, sin una fecha clara de entrega.
Estas preocupaciones se han trasladado hasta el CNE, al que se le ha solicitado implementar mecanismos de transparencia, como un “prechequeo” que permita a los ciudadanos saber si sus documentos ya fueron emitidos y entregados por los consulados. Hasta ahora, el organismo electoral no ha discutido oficialmente la habilitación de urnas en el extranjero, aunque ha designado equipos técnicos y cuenta con presupuesto asignado.
Además, el despliegue logístico necesario para llevar a cabo el voto exterior —establecer urnas en consulados, contratar personal, asegurar materiales— depende del consenso político y de recursos que aún no han sido concretados.
La historia reciente tampoco anima la confianza. En las elecciones generales de 2021, a pesar de que se habilitaron centros de votación en varios países, solo votaron unos pocos miles, y se registraron fallos organizativos y falta de reglamento claro, lo que impidió que muchas personas ejercieran su sufragio.
Hoy, esos antecedentes y las denuncias presentes generan un clima de desconfianza. Mientras algunos sectores piden blindar el proceso exterior para garantizar su transparencia, otros advierten que de no resolverse estas dudas, se corre el riesgo de afectar severamente la legitimidad de las elecciones.