En Centroamérica, Nicaragua se ha convertido en el epicentro de la persecución religiosa. Según ha denunciado el Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos han sido desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre 2018 y 2025.
En la lista, incluida en el informe de la ONG de derechos humanos titulado ‘Fe bajo fuego‘, figuran obispos, sacerdotes, monjas y seminaristas, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos Enrique Herrera. El documento describe una política sistemática de hostigamiento, expulsión y silenciamiento contra toda voz religiosa considerada crítica del gobierno.
El informe también detalla que el régimen sandinista ha cerrado 5.609 asociaciones sin fines de lucro, de las cuales 1.294 son religiosas. Además, ha clausurado 54 medios de comunicación, incluyendo 22 de carácter religioso, entre canales de televisión y emisoras de radio.
A las expulsiones y cierres se suman casos de censura a medios evangélicos, presiones fiscales, confiscación de bienes y la cancelación de la personalidad jurídica de la Iglesia Morava, así como la detención del pastor Rudy Palacios, hechos que reflejan la magnitud del control estatal sobre la vida religiosa del país.
El Colectivo advierte de que la persecución contra iglesias y líderes espirituales busca eliminar los últimos espacios de libertad y conciencia en Nicaragua, donde la fe se ha convertido en una forma de resistencia frente al autoritarismo.