El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, sacudió el tablero político con una denuncia de alto voltaje: un supuesto plan para atentar contra la vida del expresidente Manuel “Mel” Zelaya y sabotear las elecciones generales del 30 de noviembre. Según su versión, tres personas han sido capturadas y señaladas por delitos de terrorismo y tentativa de asesinato.
Pero, en un asunto de semejante gravedad, las pruebas presentadas hasta el momento han sido escasas. Los audios difundidos no parecen suficientes para calificar como “conspiración” lo que, en esencia, parecen ser las bravuconadas de cuatro personajes. Un caso de este calibre exige evidencias sólidas, no fragmentos de conversaciones que, por sí solos, carecen del peso necesario para sustentar un golpe al orden constitucional.
Editorial FNN: el riesgo de convertir la Fiscalía en arma política
Libre, el partido gobernante, ha demostrado maestría en usar el miedo como cortina de humo para desviar la atención de sus propias crisis. Esta denuncia aparece justo cuando el oficialismo se tambalea: apoyo abierto a Maduro, dimisión del vicecanciller, acusaciones de un “narco-puente aéreo” y presión internacional creciente.
Si el Ministerio Público logra probar con rigor la existencia de esta conspiración, FNN será el primero en felicitarlo. Pero si todo queda en meras suposiciones, el ya de por sí desacreditado Ministerio Público quedará de nuevo en evidencia… y habrá demostrado, otra vez, que es un instrumento al servicio de la estrategia de Libre.
En política, fabricar amenazas para erigirse en salvador es una jugada tan vieja como peligrosa. Honduras necesita justicia, no teatro.