La Misión de Estudio y Acompañamiento Electoral del Instituto Nacional Demócrata (NDI) ha identificado cinco desafíos cruciales para fortalecer la integridad de las elecciones generales del 2025 en Honduras. Encabezada por Katia Uriona, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, y Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional de Colombia, la delegación ha efectuado un llamado para conducir los comicios en un entorno de certeza, transparencia y credibilidad.
Entre los avances destacados se reconoce el acuerdo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que consiguió el respaldo de diversas fuerzas políticas, alentando un clima de diálogo y conciliación para afrontar futuras diferencias.
La misión internacional sostuvo encuentros con autoridades electorales, candidatos presidenciales, líderes partidarios, representantes de la sociedad civil, sector privado, comunidades religiosas, periodistas y observadores internacionales. Estos diálogos permitieron recabar perspectivas diversas y delimitar los principales retos que, según el NDI, requieren atención inmediata para propiciar un proceso electoral confiable.
En primer lugar, se señala la urgente necesidad de autonomía efectiva para los organismos electorales, especialmente el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Financiamiento y Fiscalización a Partidos Políticos. Se recalca la importancia de su independencia ante otros poderes públicos, suficiente financiamiento y protección ante amenazas, elementos esenciales para recuperar la gobernanza y evitar paralizaciones administrativas.
El segundo desafío radica en garantizar elecciones libres de intervenciones indebidas, ya que preocupa el uso de acciones judiciales para obstaculizar la labor de los organismos electorales y condicionar sus decisiones. La misión enfatiza que, aunque es legítimo recurrir a medios institucionales para dirimir controversias, es crucial evitar la judicialización excesiva que entorpezca el proceso electoral.
Por otra parte, se pide frenar los discursos anticipados de fraude y la polarización política que han erosionado la confianza ciudadana, especialmente tras los problemas administrativos de las elecciones internas y la reciente crisis en el CNE. La misión recomienda erradicar retóricas que lesionan la legitimidad de los comicios.
La prevención y reducción del riesgo de violencia electoral figura también entre las prioridades, dada la incidencia de grupos criminales, manifestaciones violentas y discursos de odio que afectan a periodistas, líderes sociales, representantes económicos y candidatas. Se destaca la preocupación por agresiones y campañas de odio dirigidas específicamente a mujeres en política y autoridades electorales.
Finalmente, la misión sugiere ampliar y proteger el espacio cívico, promoviendo pluralidad, seguridad y respeto para fortalecer la participación activa de la sociedad hondureña. El informe advierte contra la descalificación de medios, actores sociales y partidos, así como los efectos indeseados de medidas de excepción sobre el clima democrático.
Como recomendaciones finales, el NDI invita a fortalecer la gobernanza y cooperación interinstitucional entre autoridades electorales, garantizar condiciones legales que favorezcan la participación social independiente, y generar espacios de diálogo plurales. La comunidad internacional y los observadores nacionales deben jugar un papel estratégico para elevar la confianza y la transparencia del proceso electoral hondureño.
En conclusión, la misión enfatiza que Honduras merece elecciones creíbles, participativas y pacíficas, donde la voluntad ciudadana se respete plenamente, y destaca la importancia del compromiso democrático que ha caracterizado al país en momentos decisivos.

