Doña Marta abre su puesto en el mercado antes de que amanezca. Trabaja doce horas, seis días a la semana, desde hace veintitrés años. No tiene contrato, no cotiza al IHSS, no tendrá pensión. Si se enferma, no vende; si no vende, no come. Doña Marta no es la excepción del mercado laboral hondureño. Doña Marta es el mercado laboral hondureño.
Los números que nadie quiere mirar de frente
Según los diagnósticos más recientes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), entre el 78% y el 82% de la población económicamente activa de Honduras trabaja en la informalidad. Ocho de cada diez. Es una de las tasas más altas de toda América Latina, y coloca al país como el segundo con mayor empleo informal de Centroamérica.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Central estiman que la economía informal representa entre el 35% y el 45% del Producto Interno Bruto. Dicho de otro modo: casi la mitad de la riqueza que produce este país circula fuera de todo registro, de toda protección y de toda contribución al bien común.
Estas no son cifras de coyuntura. Son cifras de estructura. Y lo que no se ha dicho con suficiente claridad, y debe decirse, es que la informalidad no es una estadística laboral: es el mecanismo por el cual Honduras fabrica pobreza a escala industrial.
Lo que la informalidad le cuesta al país
El costo tiene tres dimensiones, y las tres se retroalimentan.
Primero, la recaudación. Un Estado donde ocho de cada diez trabajadores operan fuera del sistema es un Estado condenado a recaudar poco y a recaudar mal. La carga tributaria recae entonces sobre la minoría formal -las empresas que sí cumplen, los asalariados que sí cotizan- y castiga precisamente a quienes hacen las cosas bien. Es el peor incentivo posible: cumplir sale caro, evadir sale gratis.
Segundo, la seguridad social. El Instituto Hondureño de Seguridad Social solo puede sostenerse sobre cotizantes formales. Con una base tan reducida, el sistema atiende cada vez a menos personas con cada vez menos recursos, mientras millones de hondureños envejecen sin derecho a pensión y se enferman sin derecho a atención. El Banco Mundial lo ha documentado en sus diagnósticos sobre el trabajo en Honduras: la informalidad no solo limita la productividad presente, sino que hipoteca el capital humano de las próximas generaciones.
Tercero, la migración. La Organización Internacional del Trabajo describe el empleo informal como ingresos precarios, vulnerabilidad y ausencia de derechos. Esa descripción tiene una traducción hondureña muy concreta: la caravana. Nadie abandona un empleo formal con seguro, aguinaldo y pensión para cruzar tres fronteras a pie. La informalidad es la primera estación del camino al norte.
El problema no es el trabajador informal: es el sistema que lo empuja
Conviene decirlo sin rodeos, porque en este tema abunda la hipocresía: el hondureño informal no es un evasor por vocación. Es un sobreviviente por necesidad. Nadie elige no tener pensión. Lo que ocurre es que formalizarse en Honduras es caro, lento y burocráticamente hostil, y durante años el discurso oficial prefirió administrar la pobreza antes que combatirla con la única herramienta que funciona: inversión privada que genere empleo formal masivo.
Cada trámite redundante, cada ventanilla duplicada, cada señal de incertidumbre jurídica que espanta capital, tiene un costo que no aparece en ningún presupuesto: los empleos formales que nunca se crearon. La informalidad del 80% no cayó del cielo. Es la factura acumulada de décadas de decisiones que trataron a la empresa como sospechosa y al inversionista como enemigo.
La oportunidad que Honduras no puede volver a perder
El país tiene hoy ante sí una disyuntiva que es, en el fondo, muy simple. Puede seguir discutiendo la pobreza en foros y comunicados, o puede atacar su raíz: crear las condiciones -certidumbre jurídica, reglas estables, apertura a la inversión de calidad- para que el empleo formal deje de ser el privilegio de dos de cada diez hondureños y se convierta en la norma.
Reducir la informalidad no es una agenda empresarial ni una bandera partidista. Es la política social más ambiciosa que puede proponerse un gobierno: cada empleo formal es una familia con seguro, un adulto mayor con pensión, un niño que no tendrá que migrar. Los diagnósticos ya están escritos: COHEP los publica cada año, el Banco Mundial los ha detallado, la CEPAL los ha cuantificado. Lo que falta no es información.
Lo que falta es la decisión de construir un país donde trabajar formalmente sea posible. Ese país empieza por dejar de castigar a quien invierte y de abandonar a quien produce. Ese país, todavía, está por hacerse. Y hacerlo es tarea de nación.