Un juzgado ordenó que continúen el proceso fuera de prisión con medidas cautelares mientras avanzan las investigaciones del mayor caso de corrupción que ha sacudido al Banco Central en la última década.
La audiencia y las medidas cautelares
El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió este jueves que ocho funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras enfrentarán el proceso en libertad bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Los imputados deberán presentarse periódicamente ante las autoridades, permanecer dentro del país y rendir una caución económica mientras continúan las investigaciones.
Entre los acusados figuran Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Carlos Fernando Ávila Hernández, Ana Cristina Oliva Cáceres, Williams Antonio Villalobos Gálvez, Alex Geovani Caballero Altamirano, Wilmer Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera. La fiscalía investiga el delito de malversación imprudenteen perjuicio de la administración pública en conexión con la sustracción de recursos de las bóvedas institucionales.
El monto del desfalco
La investigación surgió tras los hallazgos obtenidos durante el juicio contra la exfiscal Francia Sofía Medina, condenada recientemente por delitos de corrupción y lavado de activos. De acuerdo con el Ministerio Público, la sustracción alcanzó más de 88 millones de lempiras desde las bóvedas del Banco Central en San Pedro Sula, operación que según las autoridades involucró a menos una veintena de personas mediante 39 retiros irregulares.
Impacto institucional
Para académicos y expertos consultados, el caso expone vulnerabilidades estructurales en la cadena de mando del BCH. Nancy Ochoa, jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señaló que la cadena de controles internos fue vulnerada, permitiendo movimientos de recursos sin las autorizaciones adecuadas. Ochoa advirtió además que agencias calificadoras internacionales monitorean con especial atención la solidez institucional de los bancos centrales, por lo que una situación de esta magnitud podría afectar indicadores como el riesgo país y la confianza de mercados.
La exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, fue más directa en su valoración. Señaló que los políticos han corrompido una de las instituciones más sólidas del país, cuya reputación histórica se construyó sobre altos estándares de ética e integridad en la formación de sus funcionarios.
Próximas actuaciones judiciales
La audiencia inicial de continuación del proceso está programada para el próximo 18 de junio a las 9:30 de la mañana, en la cual se evaluará si existen suficientes indicios para continuar formalmente con la causa penal. Las autoridades judiciales aclararon que las medidas cautelares impuestas no constituyen declaración de culpabilidad, sino disposiciones para garantizar la continuidad del proceso y la comparecencia de los imputados ante los tribunales. El Poder Judicial indicó que no descarta nuevas diligencias investigativas ni la presentación de otros requerimientos fiscales conforme avancen las pesquisas.