El Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, confirmó una investigación sobre la existencia de un “narco puente aéreo” utilizado para trasladar cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Centroamérica, con paso obligado por Honduras, Guatemala y México, antes de llegar al mercado norteamericano.
Bondi aseguró que los carteles de la droga han logrado operar mediante sobornos a funcionarios civiles, militares y policiales que permiten vuelos clandestinos sin ser detectados. “Pagan a quienes deben vigilar el espacio aéreo y las fronteras, comprando protección y silencio”, afirmó la fiscal al detallar que este esquema involucra rutas aéreas seguras a cambio de complicidad oficial.
La investigación ha permitido a las autoridades estadounidenses incautar más de 700 millones de dólares en activos vinculados a esta red, entre ellos aviones privados, mansiones, autos de lujo, joyas y hasta caballos de carrera, bienes que habrían servido para lavar dinero del narcotráfico.
Desde Tegucigalpa, el gobierno hondureño rechazó los señalamientos, asegurando que se trata de acusaciones “falsas” y subrayando que el país mantiene una estrecha cooperación con agencias como la DEA y el Comando Sur. Sin embargo, analistas recuerdan que Honduras ha sido históricamente un punto de tránsito aéreo de la droga y que la permisividad institucional sigue siendo un factor de riesgo.
El exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, precisó que en la práctica los narcos no pagan por el espacio aéreo en sí, sino por la protección en tierra: sobornos para garantizar que los aviones puedan despegar, aterrizar y descargar la droga sin ser perseguidos.
La investigación se da en un momento de tensiones diplomáticas, ya que Washington apunta directamente a vínculos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela con redes de tráfico internacional, mientras en Centroamérica el tema reaviva los cuestionamientos sobre corrupción y complicidad oficial en el combate al narcotráfico.