A finales de julio, en los pasillos de la administración pública, no se hablaba de otra cosa: “El teletrabajo es obligatorio por la nueva ola de COVID-19”. La orden llegó desde el Gobierno, acompañada de comunicados de la Secretaría de Salud que advertían de un repunte de contagios y la necesidad de reducir la presencia física en oficinas. La coincidencia no pasó desapercibida: la medida se aplicó justo en la semana en que el Partido Nacional había convocado una multitudinaria marcha en Tegucigalpa.
La estrategia fue clara. Al mandar a teletrabajar a empleados de secretarías, ministerios y entes descentralizados, se reducía de golpe la afluencia de personas al centro de la capital. Menos transporte, menos movimiento, menos presión en las calles… y, en consecuencia, un escenario menos favorable para el eco visual y mediático que la oposición buscaba proyectar.
Sin embargo, lo más llamativo vino después. Pasada la manifestación, el silencio se adueñó de la Secretaría de Salud. No hubo nuevos boletines urgentes, ni recomendaciones de distanciamiento, ni conferencias de prensa para advertir del supuesto repunte. El teletrabajo dejó de ser prioridad, las oficinas volvieron a llenarse y la “ola” que había justificado medidas extraordinarias desapareció como por arte de magia.
Médicos consultados señalan que, si bien en esa semana hubo un aumento moderado de casos, no existían datos que justificaran una paralización parcial del aparato estatal. Lo que sí quedó en evidencia, afirman, fue la capacidad del oficialismo para instrumentalizar un tema tan serio como la salud pública con fines políticos.
El contraste no pudo ser más evidente: en un país donde el sistema hospitalario arrastra carencias crónicas y donde la gestión de la pandemia dejó secuelas profundas, el Gobierno decide activar una alarma selectiva y temporal, no para proteger a la población, sino para gestionar el clima político.
En redes sociales, la crítica se multiplicó. “El virus más peligroso es el del oportunismo político”, escribió un usuario, resumiendo el sentir de muchos. Otros recordaron que, mientras se frenaba la marcha opositora con la excusa sanitaria, las actividades afines a Libre no recibían las mismas restricciones.
El episodio confirma lo que desde hace tiempo se advierte: el control de la narrativa, incluso en temas de salud, se ha convertido en una herramienta de poder. La pandemia ya no es solo una crisis sanitaria; en manos del oficialismo, es también un recurso táctico para moldear el escenario político a conveniencia.
Y así, Honduras sigue siendo un país donde, más que prevenir la enfermedad, se previene la protesta.