En los últimos días de la administración de Xiomara Castro, el gobierno saliente de Libre aprobó pasaportes diplomáticos vitalicios para un grupo selecto de exfuncionarios, entre ellos el exministro de Defensa Enrique Reina, desatando una controversia política que ya escala hacia el ámbito legislativo y podría llegar a la Fiscalía Especial contra la Corrupción.
Una decisión tomada a puerta cerrada, sin debate público
Los documentos en cuestión otorgan privilegios diplomáticos permanentes, incluidas exenciones de visas e inmunidades de diversa naturaleza, a funcionarios que acompañaron el período 2022-2026, sin que mediara justificación pública clara ni proceso de deliberación en el Congreso Nacional. La decisión fue adoptada en el período de transición, cuando el control político y la rendición de cuentas de la administración saliente se encuentran en su punto más bajo.
El carácter vitalicio de los beneficios es el elemento que más alarma a juristas y legisladores: a diferencia de los pasaportes diplomáticos ordinarios que expiran con el cargo, estos documentos mantienen sus prerrogativas indefinidamente, sin importar las actuaciones posteriores de sus titulares.
Oposición exige auditoría a la Cancillería
Diputados de sectores del Partido Nacional han encabezado los llamados a una investigación formal, exigiendo auditorías al Ministerio de Relaciones Exteriores y planteando la posibilidad de revocar los pasaportes otorgados de manera irregular. El argumento central es doble: violación de los principios de transparencia en el ejercicio del poder público, y el riesgo de que estos documentos operen como escudo ante eventuales procesos legales contra exfuncionarios del gobierno Castro.
La ausencia de respuesta de la Cancillería hasta el momento ha alimentado las suspicacias. Ningún vocero oficial de la administración saliente ha explicado los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiados ni el fundamento legal que ampara la medida.
La nueva gestión respalda la investigación
El gobierno de Nasry Asfura ha respaldado las demandas de revisión. Un portavoz oficial declaró que «no permitiremos que se perpetúen privilegios inmerecidos con fondos públicos» y anunció la revisión de todos los otorgamientos que presenten irregularidades.
Organizaciones de la sociedad civil han sumado su voz a los llamados de pesquisa, señalando que la entrega de beneficios diplomáticos vitalicios sin contrapeso institucional constituye precisamente el tipo de práctica que los mecanismos anticorrupción hondureños deberían interceptar.
El expediente va hacia la Fiscalía
El escándalo, lejos de disiparse, apunta a escalar. Fuentes legislativas anticipan que el caso podría ser remitido formalmente a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, lo que convertiría una controversia política en una investigación penal con consecuencias potencialmente graves para los funcionarios involucrados en la decisión.
La pregunta que queda abierta es si la nueva Cancillería tendrá la voluntad institucional de documentar y exponer el proceso que derivó en estos beneficios — o si, como en tantos casos anteriores, la opacidad terminará protegiéndolos.