La designación de Zulmit Rivera como nueva vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios ha generado una fuerte polémica en el escenario político hondureño. Rivera, quien hasta ahora se desempeñaba como ministra de Juventud, anunció en sus redes sociales que asumía el cargo, en sustitución de Antonio García, quien renunció semanas atrás tras diferencias con la línea de política exterior del gobierno. Hoy se ha hecho efectivo el nombramiento.
El nombramiento tiene una lectura que no pasó inadvertida, ya que Rivera es esposa de Óscar Rivera, comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), lo que ha despertado críticas por un presunto caso de nepotismo y un evidente conflicto de interés.
La diputada liberal Maribel Espinoza fue de las primeras en pronunciarse, señalando que esta designación “compromete la seguridad nacional” porque vincula directamente a Cancillería con el ente encargado de la emisión y resguardo del Documento Nacional de Identificación (DNI). Espinoza advirtió que hay cientos de miles de documentos sin entregar, lo que podría afectar el proceso electoral en curso.
En la misma línea, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía sostuvo que este es un caso claro de nepotismo que amenaza la transparencia. Según dijo, existen alrededor de 450,000 DNI en manos de Cancillería, de los cuales al menos 250,000 no tienen paradero conocido, lo que genera suspicacias sobre el posible uso político de esos documentos. Incluso planteó que tanto Zulmit como Óscar Rivera deberían ser interpelados “en combo” por el Congreso Nacional para dar explicaciones.
A las voces críticas también se sumó la Fundación 15 de Septiembre, organización de migrantes en Estados Unidos, que calificó el nombramiento como un “jaque mate” para la comunidad hondureña en el exterior. Su presidente, Juan Flores, denunció que la retención de los DNIs afecta directamente el derecho al voto de los migrantes y pone en riesgo la credibilidad del proceso electoral.
El reto inmediato de Rivera en su nuevo cargo será responder a las denuncias de retención irregular de documentos y garantizar el acceso de la diáspora hondureña a los servicios consulares, sobre todo, en plena suspensión del TPS, que se cumple el próximo lunes 8 de septiembre. Sin embargo, la polémica por su parentesco con uno de los responsables del RNP deja en entredicho la independencia institucional y abre un nuevo frente de cuestionamientos hacia el gobierno.