La movilización de las auxiliares de enfermería ha escalado al punto más crítico de la última semana: hoy, las protestas se instalaron frente a Casa Presidencial, exigiendo la destitución inmediata de la ministra de Salud, Carla Paredes. En paralelo, se denunciaron agresiones físicas por parte de la Policía en Nacaome, amenazas de sanciones administrativas contra quienes se sumen a las marchas y hasta ataques directos contra el presidente de la Asociación de Enfermeras Auxiliares (ANEEAH), a quien intentan responsabilizar de la paralización.
Lo que comenzó como un reclamo por condiciones laborales dignas, el pago de zonaje y la mejora de las viandas —cuyo valor real no corresponde a los 300 lempiras que el gobierno asegura pagar— se ha transformado en una crisis política de alto voltaje que golpea directamente a la administración de Xiomara Castro.
Una ministra que actúa con soberbia y desprecio
En lugar de abrir espacios de diálogo, la ministra Paredes eligió el camino de la confrontación. Ha acusado a las trabajadoras de recibir “comidas de lujo”, afirmación que ellas desmienten con indignación, y ha lanzado advertencias de despidos contra quienes falten a su turno para ejercer el derecho a la protesta. Esa actitud soberbia e insultante no solo hiere la dignidad de las auxiliares, sino que contradice por completo el discurso de un gobierno que se presenta como el abanderado de la clase trabajadora.
¿Cómo puede el partido que se dice heredero de las luchas populares justificar la criminalización de las mismas trabajadoras de salud que durante la pandemia se jugaron la vida en hospitales colapsados?
El fuego ya está en la puerta de la presidenta
La presión ha llegado hasta los muros de Casa Presidencial. Las auxiliares no solo marchan, también se mantienen en plantón permanente, esperando que Xiomara Castro dé la cara. La pregunta que flota en el ambiente es clara: ¿qué hará la presidenta ahora que el fuego ha llegado a su propia puerta?
De continuar la confrontación, el costo político podría ser devastador. No solo porque se erosiona la legitimidad de un gobierno que prometió “refundar Honduras desde los pobres y los trabajadores”, sino porque cada imagen de una auxiliar arrastrada por la Policía o de una enfermera amenazada de despido refuerza la percepción de un oficialismo que perdió contacto con la base social que le dio el poder.
La represión no es salida
Los testimonios de agresiones policiales en Nacaome y otras ciudades son una mancha difícil de borrar. Un gobierno que en campaña se comprometió a respetar la protesta social hoy responde con toletes, gas lacrimógeno y amenazas de expedientes disciplinarios. No hay nada más incoherente para un partido de izquierda que reproducir las mismas prácticas represivas que antes criticaba.
Una crisis que exige decisiones de altura
El movimiento de las auxiliares no se resolverá con amenazas ni con discursos de desprestigio. La demanda es clara: respeto, condiciones justas y una ministra que escuche en lugar de insultar.
El balón está en la cancha de Xiomara Castro, que no gobierna, solo gira por el país dando bonos asistenciales e inaugurando canchitas deportivas. O responde con sensatez y empatía, abriendo una mesa de diálogo real y dando señales de rectificación, o terminará pagando un precio político alto por haber permitido que la soberbia de su ministra incendiara un conflicto que pudo resolverse con humildad y voluntad.