El 6 de marzo de 2026, Honduras formaliza en Washington su regreso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El presidente Nasry Asfura lo presentó como una decisión de seguridad jurídica. Cincuenta y cinco organizaciones lo denunciaron como una traición a la soberanía. Entre esos dos extremos hay una realidad más compleja, más importante y, sobre todo, más hondureña de lo que ninguno de los dos bandos quiere reconocer.
Este editorial es un intento de explicar, sin jerga técnica, qué es el CIADI, por qué importa, qué se pierde sin él y qué dicen quienes se oponen, junto con las razones por las que esos argumentos no son tan sólidos como parecen.
Primero lo básico: ¿qué es el CIADI?
El CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es una institución del Banco Mundial creada en 1966 para resolver disputas entre Estados e inversores extranjeros. No es un tribunal que condena países. Es un foro arbitral, neutral y técnico, al que pueden acudir ambas partes cuando hay un conflicto sobre compromisos de inversión.
Funciona así: un país firma tratados de inversión con otros países o acuerdos directos con empresas. En esos tratados se establecen reglas, protecciones y, si hay disputa, el mecanismo para resolverla. El CIADI es uno de esos mecanismos, el más reconocido internacionalmente. Ciento cincuenta y ocho países son miembros. No son todos dictaduras neoliberales ni todos paraísos del capital: son la mayoría de las democracias del mundo, incluidos países con fuertes sistemas de protección social.
Cuando un Estado toma una medida que afecta a un inversor que actuó bajo esas reglas, ese inversor puede presentar una reclamación. El CIADI analiza si el Estado cumplió o no sus compromisos. Puede resolverse con un laudo, o, lo que ocurre con mucha frecuencia, con un acuerdo negociado entre las partes.
¿Por qué Honduras estaba en el CIADI y por qué salió?
Honduras era miembro del CIADI desde 1989. Durante décadas firmó tratados de inversión que incluían al CIADI como mecanismo de resolución de disputas. En esos años llegaron inversiones en energía, turismo, manufactura e infraestructura que generaron empleo y actividad económica.
En febrero de 2024, el gobierno de Xiomara Castro anunció la salida del CIADI, argumentando soberanía y protección de las finanzas públicas. El contexto inmediato era la demanda de Próspera, una empresa que opera en la zona económica especial de Roatán y que reclama compensación por la derogación del marco legal que le había permitido operar.
La salida se hizo efectiva en agosto de 2024. Y lo que siguió desmintió la lógica que la justificó: Honduras continuó enfrentando arbitrajes internacionales a través de otros tratados, porque el CIADI no era el único mecanismo disponible para los inversores. Salir no eliminó la exposición jurídica del Estado. Solo eliminó la presencia hondureña en un foro donde podría haber defendido sus posiciones.
Cinco razones por las que el regreso al CIADI es una buena noticia para Honduras
Primera: la señal al mercado internacional. Honduras compite por inversión extranjera en un entorno global donde el capital tiene muchas opciones. La salida del CIADI fue interpretada por analistas financieros internacionales como una señal de inestabilidad jurídica, un indicador de que las reglas pueden cambiar sin preaviso. El regreso revierte esa señal. Le dice al mundo que Honduras quiere ser un destino previsible, que respeta los compromisos que firma y que tiene instituciones para resolver los conflictos cuando surgen.
Segunda: la continuidad del Estado frente a los ciclos políticos. Uno de los problemas estructurales de Honduras, y de muchos países de la región, es que cada gobierno trata los compromisos del anterior como papel mojado. Esa inestabilidad tiene un coste enorme: los inversores que trabajan a largo plazo, los que crean empleos duraderos y pagan salarios decentes, necesitan saber que las reglas de hoy serán las reglas de mañana. El CIADI no es perfecto, pero es uno de los instrumentos que ayudan a construir esa continuidad más allá de los ciclos electorales.
Tercera: el CIADI favorece los acuerdos, no solo los laudos. Hay una percepción generalizada, alimentada deliberadamente por el pronunciamiento de las cincuenta y cinco organizaciones, de que el CIADI es una máquina de condenas contra los Estados. Es falsa. El propio diseño del sistema contempla períodos de negociación previa, mediación y acuerdos amistosos que el tribunal puede incorporar en un laudo ejecutable. Muchos casos en sectores como energía e infraestructura han terminado en acuerdos entre el Estado y el inversor, sin laudo condenatorio. El CIADI es también una mesa de negociación con garantías jurídicas para ambas partes.
Cuarta: salir no protegió a Honduras. Este es el argumento más concreto y el más ignorado en el debate público. La demanda de Próspera continuó después de la salida de Honduras del CIADI. Otros arbitrajes siguieron activos a través de tratados bilaterales. La exposición del Estado no desapareció: solo desapareció la posibilidad de que Honduras participara activamente en su propia defensa en el foro más reconocido del mundo para este tipo de disputas. Volver al CIADI no crea nuevos riesgos: reconoce la realidad jurídica que ya existía y permite gestionarla mejor.
Quinta: es una decisión soberana del nuevo gobierno democráticamente elegido. Nasry Asfura ganó las elecciones. Su gobierno tiene el mandato del pueblo hondureño para definir la política de inversión del país. La soberanía no significa que ningún gobierno pueda cambiar el rumbo: significa que ese cambio de rumbo lo decide Honduras, no ninguna potencia extranjera. Las cincuenta y cinco organizaciones que firmaron el pronunciamiento no tienen ese mandato. El presidente electo, sí.
Lo que dice el pronunciamiento de las 55 organizaciones y por qué no alcanza
El pronunciamiento merece lectura directa, no caricatura. Sus autores incluyen organizaciones hondureñas con trabajo comunitario real y una trayectoria de defensa de derechos que no puede descartarse con un gesto. Merecen respuesta honesta.
El documento hace cuatro argumentos principales.
El primero es el argumento de la soberanía: el CIADI limita la capacidad del Estado de regular en favor del interés público. Es parcialmente cierto que los mecanismos han generado tensiones con políticas públicas en algunos países, especialmente en el sector minero y energético. Pero el argumento confunde dos cosas distintas: el derecho del Estado a regular, que nadie niega, y la obligación del Estado de compensar cuando esa regulación afecta compromisos previamente adquiridos. Un Estado de derecho puede hacer ambas cosas. Lo que no puede hacer, si quiere ser creíble, es cambiar las reglas retroactivamente y sin costo alguno.
El segundo es el argumento Brasil, que ya hemos respondido: el contexto competitivo de Brasil no es el de Honduras, y las razones por las que Brasil atrae inversión sin el CIADI no son replicables en un país que todavía está construyendo su institucionalidad económica.
El tercero es la vinculación con las ZEDEs y con proyectos extractivos conflictivos. Es el más deshonesto del documento, porque mezcla deliberadamente realidades incomparables. El CIADI no es un instrumento diseñado para las ZEDEs. Las ZEDEs no son equivalentes a los proyectos mineros que han generado violencia en Honduras. Y Próspera no es representativa de todos los conflictos de inversión que han existido en el país. Usar la memoria de Berta Cáceres para condenar el retorno de Honduras a un foro de arbitraje internacional es instrumentalización política, no análisis.
El cuarto argumento es el del déficit democrático: que el gobierno debería abrir un debate público antes de reincorporarse. Es el más razonable de los cuatro. La transparencia es siempre bienvenida. Pero conviene recordar que el gobierno de Castro tampoco abrió un debate público amplio cuando decidió salir del CIADI en 2024. La exigencia de procedimiento democrático parece aplicarse selectivamente según el resultado que se quiere defender.
La pregunta que Honduras debe hacerse
El debate sobre el CIADI es en realidad un debate sobre un proyecto de país. ¿Qué tipo de Honduras queremos construir? ¿Una Honduras cerrada sobre sí misma, desconfiada de cualquier mecanismo internacional, que gestiona la pobreza en lugar de superarla? ¿O una Honduras que aprovecha todos los instrumentos disponibles para atraer inversión de calidad, generar empleo formal y construir una clase media que no tenga que emigrar para sobrevivir?
No hay respuesta fácil. Pero hay una pregunta que el pronunciamiento de las cincuenta y cinco organizaciones no responde: ¿cómo va a reducir Honduras el sesenta por ciento de sus hogares en pobreza sin inversión privada nacional e internacional? ¿Cómo va a crear los empleos que necesita su población joven? ¿Con qué instrumentos, con qué señales, con qué garantías va a convencer a quienes tienen capital de que Honduras es el lugar donde vale la pena arriesgarlo?
Hasta que esas preguntas tengan respuesta, el retorno al CIADI no es sumisión al capital transnacional. Es una decisión de país que apuesta por la credibilidad como herramienta de desarrollo. Y esa apuesta, con todos sus riesgos y con todas sus imperfecciones, es más hondureña que cualquier pronunciamiento coordinado desde Washington.