En su espacio de análisis político en ‘HCH Matutino’, el abogado y analista Rafael Jerez advirtió de que la reciente actuación del Ministerio Público y el proceso iniciado contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) podrían tener una motivación política orientada a influir en los resultados de las próximas elecciones.
Jerez explicó que, tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró sin lugar el antejuicio contra los magistrados, el Ministerio Público decidió presentar un requerimiento fiscal por el delito de prevaricato judicial, un procedimiento que —según el analista— plantea varios vacíos legales y podría tener consecuencias directas sobre el equilibrio institucional.
“Para mí, esto busca dejar fuera del juego a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, pero también imponer un resultado a mediano plazo”, señaló.
El experto detalló que el prevaricato judicial, de acuerdo con el Código Penal, exige que los magistrados hayan emitido resoluciones injustas “a sabiendas”, algo que deberá ser probado por el Ministerio Público. Este proceso, recordó, se deriva de decisiones tomadas en casos de inscripción de candidaturas en los departamentos de Olancho y Valle, así como de la desestimación de una recusación contra uno de los magistrados.
Jerez señaló que el debate ahora pasa nuevamente a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán definir al juez natural que conducirá la etapa preparatoria del juicio especial. No obstante, advirtió que el trasfondo podría ir más allá del ámbito judicial.
“El CNE es quien dará los resultados el 30 de noviembre, pero el Tribunal de Justicia Electoral resolverá las impugnaciones en diciembre. Libre parece querer que el debate sobre los resultados llegue al TJE, por eso busca debilitarlo desde ya”, explicó.
El analista recordó además que, según la ley, los magistrados del TJE solo pueden ser suspendidos por causas específicas, y que el delito de prevaricato judicial no pertenece a los delitos contra la Administración Pública, por lo que legalmente no procedería su suspensión como medida cautelar.
En ese contexto, Jerez advirtió de que si el Ministerio Público intenta forzar una suspensión o imposibilitar el pleno del tribunal, podría intervenir la Comisión Permanente del Congreso Nacional, cuyo mandato concluye en enero de 2026 y que está en manos de Libre.
Finalmente, el abogado relacionó estas acciones con el anuncio del Partido Libre, que conformó una comisión de defensa jurídica electoral con más de 130 abogados para enfrentar posibles impugnaciones después de las elecciones.
“No es coincidencia. Todo forma parte de una estrategia para judicializar los resultados y llevar el proceso electoral al terreno del Tribunal de Justicia Electoral”, concluyó Jerez.