La ofensiva de Libre contra cualquier contrapeso institucional no se detiene. Tras los ataques a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, ahora el objetivo son los diputados que se autoconvocaron. Luis Redondo, como mandadero del bloque dominante, ordena investigarlos y amedrentarlos bajo el pretexto de “preservar la legalidad”.
Lo que se evidencia es una concentración de poder: control sobre el Congreso, presión sobre la oposición y un mensaje claro a quienes cuestionen a Libre. Las amenazas a legisladores que actúan conforme a la ley muestran la misma lógica que ya ha usado el partido contra otros órganos del Estado: alinearse o ser perseguido.
Honduras necesita un Congreso que represente a todos, no que funcione como instrumento de intimidación política. Transformar la Comisión Permanente en un arma de coerción no fortalece la institucionalidad: la destruye.