El Congreso busca unificar las propuestas existentes mientras empresarios insisten en que cualquier cambio debe garantizar energía continua, seguridad jurídica y precios competitivos.
Tegucigalpa, Honduras. La reforma al subsector eléctrico hondureño atraviesa una nueva etapa de negociación en el Congreso Nacional, donde las fuerzas políticas intentan acercar posiciones alrededor de un proyecto que pretende reorganizar la ENEE y enfrentar los problemas financieros y operativos del sistema.
El presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto, informó que la propuesta presentada por el Partido Liberal está siendo analizada junto con la iniciativa impulsada desde el Ejecutivo para intentar construir un dictamen unificado.
Entre los puntos en discusión se encuentra la reorganización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en estructuras encargadas de generación, transmisión y distribución, manteniendo bajo propiedad estatal activos estratégicos como las centrales hidroeléctricas El Cajón, Cañaveral y Río Lindo.
Puerto sostuvo que también se pretende obligar a realizar licitaciones para contratar nueva generación a menores precios y aumentar las inversiones en la red de transmisión.
Sin embargo, el debate está lejos de ser exclusivamente técnico. Diferentes sectores mantienen discrepancias sobre el modelo que deberá adoptar la ENEE, el nivel de participación privada y las salvaguardas necesarias para evitar que los cambios impliquen una privatización de activos públicos. Las diferencias han provocado retrasos anteriores en la aprobación.
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, su presidenta Anabel Gallardo consideró necesario aprobar una reforma capaz de garantizar seguridad jurídica, estabilidad financiera, suministro constante y tarifas competitivas.
Gallardo afirmó que las pérdidas acumuladas del sistema ya rondan los L10,000 millones, asociadas a problemas de generación, transmisión y hurto de energía.
El Congreso espera retomar la discusión próximamente. El verdadero resultado de la reforma dependerá de que los consensos políticos logren traducirse en menores pérdidas, mayor inversión, un servicio más estable y costos sostenibles para hogares y empresas.