El nuevo reglamento de observación electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no solo ordena los requisitos para la participación de organizaciones nacionales e internacionales, también levanta un muro de restricciones que pone en entredicho la independencia del proceso.
Entre las disposiciones más llamativas están la prohibición de emitir declaraciones públicas sobre puntos controvertidos, la obligación de entregar los informes primero al CNE antes de difundirlos y, como si fuera poco, la advertencia de que los observadores no pueden adjudicarse funciones que solo corresponden a la autoridad electoral.
En la práctica, estas reglas equivalen a una mordaza institucional: los observadores podrán ver, pero no podrán hablar libremente; podrán documentar, pero no podrán compartir sus hallazgos con la ciudadanía hasta que el propio CNE lo autorice. La pregunta cae por su propio peso: ¿cómo se puede fortalecer la confianza en el proceso si se limita la transparencia y la crítica oportuna?
La observación electoral nació como un ejercicio de contrapeso ciudadano, una forma de garantizar que la voluntad popular no sea manipulada. Pero con este reglamento, el CNE parece más interesado en blindar su imagen que en abrirse al escrutinio independiente. Se nos dice que es para evitar la “politización” de la observación, pero la consecuencia puede ser justo la contraria: un proceso electoral vigilado con los ojos tapados y la boca cerrada.
En lugar de fortalecer la democracia, estas disposiciones huelen a control y a desconfianza hacia la ciudadanía. Honduras necesita transparencia y apertura, no más silencios forzados.