En Honduras, las remesas no son una estadística fría: son el hilo que sostiene la vida de millones de familias. Este año, en apenas seis meses, ya han entrado casi US$5,800 millones, un cuarto de todo lo que produce el país. No es exageración decir que la primera industria nacional no está en nuestras tierras… está en las manos callosas de los que trabajan en Estados Unidos, España o Canadá.
Pero hay una verdad incómoda: un país que vive de lo que envían sus hijos no es un país con proyecto de futuro. Es un país que expulsa talento, que no da oportunidades y que ha hecho de la emigración un mecanismo de supervivencia. Aquí no se exporta tecnología ni valor agregado… exportamos gente. Y la factura de esa realidad la pagamos todos.
El economista y ex presidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, ha advertido que cuando más del 20% del PIB depende de remesas, la economía queda vulnerable a cualquier decisión externa. Y el analista en relaciones internacionales y ex diplomático, Edgardo Rodríguez, recuerda que “la política exterior no es un juego simbólico: una mala alineación geopolítica puede cerrar mercados, encarecer transferencias y golpear de lleno el bolsillo de las familias hondureñas”.
Ahora, sobre ese hilo vital, se asoma una tijera. En Washington circula la idea de poner un impuesto del 3.5% a las remesas de quienes no son ciudadanos estadounidenses. Para una familia que recibe US$200 al mes, serían casi L200 menos para comida, medicinas o la matrícula escolar. Y si a eso sumamos que el gobierno coquetea con regímenes sancionados como Venezuela, el riesgo de que se endurezcan las reglas bancarias es real.
Este escenario debe llevarnos a pensar en nuestros tepesianos: más de 54 mil compatriotas amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. Ellos no solo trabajan y pagan impuestos allá, también sostienen más de 37 mil hogares aquí. Si la política exterior hondureña deteriora la relación con Washington, ellos serán los primeros en pagar el precio con la cancelación de su estatus y la amenaza de deportación.
Un paso en falso y la cuerda se corta. Porque para los bancos corresponsales y para el Departamento del Tesoro, no hay diferencia entre un aliado incómodo y un socio en la lista negra. El resultado sería un envío de dinero más caro, más lento y más peligroso.
En el barrio y en el campo, las madres seguirán despidiendo a sus hijos en la terminal, sabiendo que su futuro no está aquí. Y vivirán con el miedo de la llamada que avisa que los deportaron… o que el cheque no llegó. Honduras no puede llamarse soberana si su principal ingreso depende de decisiones en otro país y de la voluntad de los que un día se marcharon porque aquí no había dónde sembrar su vida.
En FNN lo decimos sin rodeos: mientras no se construya un país que retenga a sus ciudadanos, estaremos hipotecando nuestra dignidad. Las remesas no pueden ser eternas, y si las ponemos en riesgo por aventuras ideológicas, el golpe no lo van a recibir los políticos… lo va a recibir la gente que hoy apenas sobrevive.