El polémico acto de Rixi Moncada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) no fue un simple error de forma ni un evento cultural que “derivó” en política. Desde el inicio, la idea era utilizar la fachada de la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonios (Secapph) para abrir las puertas del auditorio Juan Lindo a un acto claramente proselitista en favor de la candidata presidencial de Libre.
El rector Odir Fernández explicó que la solicitud llegó en nombre de la Secapph para realizar un conversatorio artístico, lo que permitió que la universidad aprobara el uso del espacio. Sin embargo, quedó demostrado que se trató de un ardid: lo que se presentó como actividad cultural estaba concebido desde el primer momento como un acto de campaña, aunque Moncada le habló a un auditorio convencido. Se trató de un engaño institucional, donde una dependencia del Estado se prestó para encubrir un evento partidario en el corazón de la universidad pública.
Este episodio encaja en un patrón cada vez más evidente: Libre utiliza las instituciones del Estado como plataforma política para su candidata, convencido de que los medios estatales, los recursos públicos y las instituciones nacionales son propiedad privada del oficialismo. Lo mismo ocurre con los canales de comunicación estatales, que se han convertido en voceros de la propaganda gubernamental, con los vehículos oficiales desplegados en actividades de campaña, con cuentas institucionales operadas como brazos digitales del partido y con funcionarios que actúan más como portavoces de Libre que como servidores públicos.
Lo ocurrido en la UNAH no es un hecho aislado, sino una muestra de cómo se normaliza el uso del engaño y la manipulación institucional para impulsar la candidatura de Moncada. Bajo el disfraz de “actividades culturales”, el oficialismo penetra espacios que deberían mantenerse neutrales y autónomos, debilitando la confianza en las instituciones y borrando los límites entre lo público y lo partidario.
Libre se comporta como si el Estado le perteneciera, cuando en realidad pertenece a todos los hondureños. Convertir a la UNAH, a los medios de comunicación estatales y a los recursos públicos en extensiones de campaña no solo es un abuso de poder, es también un retroceso democrático que coloca al país en la ruta de los regímenes autoritarios donde la línea entre gobierno y partido desaparece por completo.