Las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, han provocado una ola de reacciones políticas e institucionales en todo el país, tras solicitar formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) copia de las actas presidenciales de las Juntas Receptoras de Votos y expresar su respaldo a una Asamblea Nacional Constituyente.
La solicitud que encendió las alarmas
Durante una reunión sostenida con los consejeros del CNE, el general Hernández pidió que las Fuerzas Armadas recibieran copias de las actas presidenciales, argumentando que el artículo 272 de la Constitución les otorga la responsabilidad de “garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.
La petición fue vista por muchos como un intento de intervención militar en el proceso electoral civil.
Apoyo a una Constituyente
El general Hernández también manifestó que apoyaría la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, afirmando que “si una Constituyente es para salvar vidas, bienes y asegurar la democracia, claro que la apoyaríamos, siempre en paz”.
Sus palabras encendieron las alarmas entre sectores democráticos, que interpretan la declaración como una alineación del alto mando militar con la agenda política del oficialismo.
El rechazo de la UNAH y la sociedad civil
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitió un comunicado oficial en el que expresó su “profunda preocupación por la intromisión de las Fuerzas Armadas en asuntos estrictamente civiles y electorales”, recordando que el carácter de la institución castrense es apolítico, obediente y no deliberante.
“Las declaraciones del general Hernández vulneran el principio de subordinación militar al poder civil y representan un retroceso histórico en la consolidación democrática del país”, señala el comunicado.
“Exhortamos a las instituciones del Estado, al CNE y a la ciudadanía a defender con firmeza la independencia de los procesos electorales, base de toda democracia constitucional.”
Diversos académicos, organizaciones civiles y partidos políticos se sumaron al rechazo, calificando las declaraciones como “una amenaza directa a la institucionalidad” y advirtiendo sobre el riesgo de un retorno a la influencia militar en decisiones políticas.
La exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, cuestionó la petición de Roosevelt Hernández y calificó la solicitud de acceso a actas presidenciales como un retroceso democrático, desproporcionada e insólita. Castellanos señaló que la acción amenaza la institucionalidad y, en lugar de generar confianza, provoca hostilidad.
Consejeras del CNE: firmeza ante la presión
Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López ratificaron que el CNE es el único órgano constitucional autorizado para manejar las actas electorales, y que bajo ninguna circunstancia estas pueden ser entregadas a las Fuerzas Armadas. Ambas reafirmaron su compromiso con la transparencia y la defensa del voto ciudadano, en medio de lo que calificaron como un intento de intimidación institucional.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, posteó en X: «Durante la reunión de trabajo sostenida entre el CNE y las FFAA, ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales, contrarios a la solicitud verbal del Jefe del Estado Mayor Conjunto, de facilitar injerencia en la facultad exclusiva del CNE sobre el escrutinio y los resultados a nivel presidencial. Seguiremos coordinando el trabajo requerido, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución».
El CNE deberá responder formalmente a la solicitud del general Hernández. Además, los partidos, la sociedad civil y organismos de observación internacional seguirán de cerca el desarrollo de este asunto para determinar si se trata de una propuesta aislada o de un cambio estructural en el rol de las FFAA. en la política hondureña.
Una encrucijada para la democracia
Las declaraciones del general Hernández marcan un punto de inflexión en el proceso electoral hondureño. Mientras la población exige garantías de independencia, el debate se centra ahora en hasta dónde puede llegar el poder militar en un proceso que debe ser enteramente civil.
En momentos en que Honduras se prepara para unas elecciones decisivas, la defensa de la democracia y la subordinación del poder militar al poder civil vuelven a ponerse a prueba.