Según publica ICN, las Fuerzas Armadas de Honduras han escalado su confrontación con la consejera electoral Cossette Alejandra López-Osorio al solicitar formalmente al Ministerio Público una investigación preparatoria para presentar querella en su contra por supuestos delitos de injurias y calumnias. El movimiento, revelado públicamente este jueves, representa el endurecimiento de un patrón de presión institucional contra la vocal del Consejo Nacional Electoral que ha mantener posturas críticas frente al establishment castrense durante el proceso electoral.
La querella se fundamenta en declaraciones que López-Osorio hizo ante medios de comunicación el diecinueve de noviembre, donde la consejera afirmó que miembros de las Fuerzas Armadas habían contactado a la empresa responsable de instalar dispositivos GPS en material electoral. Para la institución castrense, estas expresiones lesionan su honor y carecen de fundamento verificable. No busca únicamente resolver una disputa sobre hechos verificables, sino que genera un efecto disuasivo sobre funcionarias electorales que ostentan criterios independientes. El procedimiento penal por calumnias deviene así en un instrumento político.
La vulnerabilidad de López-Osorio ante esta iniciativa radica precisamente en su posición de servidora pública. La querella militar se suma a un contexto de tensiones previas entre el órgano electoral y sectores del ejecutivo, donde los espacios para disentir se han estrechado considerablemente.
Aunque el Ministerio Público debe ahora conducir la investigación preparatoria solicitada, la iniciativa de las Fuerzas Armadas subraya cómo organismos de seguridad se han convertido en actores políticos activos, utilizando mecanismos legales para silenciar voces críticas.