Cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) fueron secuestrados y asesinados el 21 de mayo durante un operativo de allanamiento en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, en una zona fronteriza con Guatemala. El hecho derivó en la suspensión inmediata del Director, Subdirector y Jefe de Operaciones de la unidad.
El operativo y la emboscada
Según el Comunicado de Prensa SEDS N. 56-2026 emitido por la Secretaría de Seguridad, los cinco agentes ejecutaron la intervención en una residencia del casco urbano de Corinto vinculada a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, dirigida por Heber Noé Argueta Zavala. El comunicado señala que la operación se realizó sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondientes.
Durante el allanamiento se produjo un enfrentamiento en el que los agentes fueron superados por la organización criminal, privados de su libertad y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron hallados en una carretera secundaria que conduce a la comunidad de Tegucigalpita, en el mismo municipio. Las investigaciones forenses revelaron que los uniformados presentaban múltiples impactos de bala, signos de tortura, desmembramiento y quema parcial.
Los agentes fallecidos
La Secretaría de Seguridad identificó a los cinco policías como el Subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.
Responsabilidad institucional y medidas
El comunicado oficial establece que el mando y control de la operación estaba bajo la autoridad del equipo directivo de la DIPAMPCO. Por esa razón, se ordenó la inmediata suspensión del Director, Subdirector y Jefe de Operaciones de la unidad, quienes quedan sujetos a investigación para determinar su responsabilidad en la inobservancia de los procedimientos institucionales.
El secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, reveló que los agentes tenían autorización para labores de vigilancia relacionadas con un caso de narcotráfico, pero no en el sector donde finalmente se ejecutó el operativo. Las autoridades investigan si la desviación de la misión original respondió a una decisión equivocada o a una actuación malintencionada dentro de la estructura policial.
La Policía Nacional recibió instrucción de desplegar unidades especiales para la localización y captura de los responsables del crimen.