Han pasado seis meses desde las elecciones primarias del 9 de marzo en Honduras, un día que debía fortalecer la democracia pero que terminó dejando heridas profundas en la institucionalidad electoral. La jornada se caracterizó por el retraso en la apertura de centros, la entrega tardía y en algunos casos improvisada de maletas electorales, fallas en el padrón, escasez de personal capacitado y denuncias de violencia en varias zonas del país.
A pesar de ese desorden, el pueblo hondureño no se rindió: miles de ciudadanos soportaron largas filas, esperaron y defendieron su derecho al voto. Esa resiliencia se convirtió en la imagen más poderosa de las primarias, y es la que debería inspirar la participación en las elecciones generales de noviembre.
El análisis académico y social
Diversos análisis posteriores coincidieron en calificar el proceso como conflictivo, poco transparente y con una participación ciudadana más baja de lo esperado. El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS-UNAH) reportó más de 300 conflictos vinculados al proceso y casi 80 hechos de violencia registrados en las semanas de campaña y durante la jornada electoral.
Desde el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), el investigador Gustavo Irías habló de un “caos electoral” que evidenció la fragilidad del sistema y la urgencia de gestionar los riesgos antes de las generales. Por su parte, Yuri Vargas, en la revista Presencia Universitaria de la UNAH, subrayó la escasa transparencia financiera de las campañas: solo el 1.8% de los precandidatos abrió cuentas como exige la ley.
La prensa internacional también recogió denuncias ciudadanas y de partidos, señalando retrasos en la apertura de urnas, material electoral incompleto y centros que prolongaron la votación más allá de lo establecido.
El rol de la Secretaría de Defensa y Rixi Moncada
Una de las críticas más fuertes se centró en el papel de la Secretaría de Defensa, última responsable del resguardo y transporte del material electoral. En ese momento, la titular era Rixi Moncada, quien además se encontraba en plena campaña como precandidata de Libre. Este doble rol levantó cuestionamientos sobre la imparcialidad y la responsabilidad en el manejo logístico de un proceso que terminó desbordado por las irregularidades.
Voces de oposición y organizaciones civiles acusaron que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la custodia de las maletas, sumado a la condición de candidata de Moncada, generaba un conflicto de interés. Las críticas apuntaban a que la responsabilidad política debía asumirse, aunque la rendición de cuentas nunca llegó a concretarse.
El estado de las investigaciones
En cuanto a las investigaciones, hasta ahora solo se conocen avances en torno a la contratación del transporte de material electoral. El pasado 8 de septiembre, el Ministerio Público informó que la Unidad Contra los Delitos Electorales logró auto de formal procesamiento contra exmiembros de la Comisión Evaluadora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representantes de la empresa contratada, por delitos de fraude, negociaciones incompatibles y violación de deberes.
El requerimiento fiscal señala que la contratación fraudulenta ocasionó un perjuicio al Estado de más de 64 millones de lempiras. Las medidas dictadas incluyen prohibición de salida del país, presentación periódica ante el juzgado y sometimiento a vigilancia legal. La audiencia preliminar quedó programada para el 6 de octubre.
La deuda con el electorado
El 9 de marzo dejó en evidencia que el pueblo hondureño, aún en condiciones adversas, está dispuesto a cumplir con su deber democrático. Lo que falta ahora es que las instituciones respondan con la misma altura: con transparencia, responsabilidad política y eficiencia.
La democracia no se fortalece con discursos ni con justificaciones, sino con resultados y confianza. El reto es claro: en noviembre, Honduras no puede permitirse repetir el mismo caos.