La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) ha decidido abandonar los turnos “A y B” a nivel nacional como medida de presión ante lo que consideran “mentiras y desprecios” por parte de la Secretaría de Salud (Sesal). Esta decisión refleja un profundo malestar por parte del gremio ante el incumplimiento de acuerdos previos y la falta de reconocimiento a su labor.
El presidente de la ANEEAH, Josué Orellana, ha denunciado públicamente que la ministra de Salud, Carla Paredes, ha emitido declaraciones que califican de “salarios jugosos” a las auxiliares de enfermería, una afirmación que el gremio refuta categóricamente. Según Orellana, si tales sueldos existieran, no habría necesidad de protestas. Además, cuestionó la calidad de los insumos entregados al personal, como uniformes y alimentos, sugiriendo una discrepancia entre lo prometido y lo entregado.
Las declaraciones de Paredes han indignado a las auxiliares, sobre todo, las referencias a que su formación es baja y que ganan más que los profesores universitarios, lo cual desmienten: “Si esas mujeres son analfabetas, como ella dice, entonces es irresponsable permitir que más de dos millones de hondureños sean atendidos por auxiliares en centros de salud rurales, en CMI donde se atienden partos, y en consultas donde incluso prescriben medicamentos ante la falta de médicos”.
Estas acusaciones no son menores. El personal de salud, especialmente las auxiliares de enfermería, desempeñan un papel crucial en la atención primaria y en áreas rurales donde la escasez de médicos es una constante. La falta de reconocimiento y recursos adecuados no solo afecta su moral, sino que también pone en riesgo la calidad de la atención que brindan a la población más vulnerable.
La respuesta de la Sesal, al calificar las protestas como “hobbies” y amenazar con sanciones a las enfermeras que abandonen sus áreas, ha sido percibida como una muestra de desdén hacia un sector que, a pesar de las adversidades, mantiene en pie el sistema de salud del país. Esta postura no solo es contraproducente, sino que también refleja una falta de comprensión de la importancia de un diálogo constructivo con los trabajadores de la salud.
Es imperativo que las autoridades gubernamentales reconozcan la legitimidad de las demandas del personal de salud y se comprometan a establecer mesas de negociación reales y efectivas. La salud de la población hondureña no puede estar en manos de funcionarios que eluden la responsabilidad y el diálogo. Es hora de que el gobierno demuestre con acciones concretas su compromiso con quienes, día a día, arriesgan su bienestar por el de los demás.