El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender la impresión de papeletas en los departamentos de Olancho y Valle, así como detener cualquier cambio en las fórmulas de candidatos hasta que se resuelvan los recursos de apelación pendientes.
La medida ha generado un fuerte revuelo político e institucional.
La decisión responde a recursos presentados por los candidatos Jorge Cálix y Cristian Villalobos, quienes denunciaron irregularidades en los procesos de inscripción y sustitución dentro de sus respectivas fuerzas políticas. El TJE argumentó que su resolución busca evitar daños irreparables mientras se analiza de fondo la legalidad de las candidaturas, invocando sus facultades constitucionales y de tutela electoral.
Cuestionamiento de la legalidad del pleno
Sin embargo, la sesión en la que se aprobó la resolución provocó una nueva división dentro del propio tribunal. El magistrado Mario Morazán cuestionó la legalidad del pleno, alegando que no hubo quórum, mientras que sus colegas Mario Flores y Miriam Barahona lo desmintieron y mostraron actas firmadas por él antes de retirarse. Ambos magistrados calificaron su conducta como una obstrucción y pidieron que el Ministerio Público investigue el caso.
Reacciones
En paralelo, las reacciones políticas no se hicieron esperar. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, exigió al Ministerio Público actuar de oficio, al considerar que lo ocurrido en el TJE podría vulnerar la ley electoral y afectar la estabilidad institucional del país. “El Ministerio Público debe intervenir de inmediato para garantizar el Estado de derecho”, advirtió.
Por su parte, Jorge Cálix, uno de los candidatos directamente afectados, reaccionó con firmeza al afirmar que su imagen aparecerá en la papeleta electoral “les duela a quien le duela”.
Cálix insistió en que la voluntad del pueblo de Olancho debe ser respetada y que confía en que el tribunal actuará conforme a derecho.
La suspensión de la impresión de papeletas implica un riesgo logístico importante para el proceso electoral, pues podría retrasar la producción y distribución de material en los departamentos afectados. Además, el conflicto entre magistrados del TJE proyecta una imagen de división institucional que amenaza con erosionar la confianza ciudadana en las autoridades electorales.
A ello se suma la tensión entre el TJE y el CNE, que debe decidir si acatará la orden o apelará a criterios administrativos propios.
Analistas advierten de que cualquier enfrentamiento entre ambos organismos podría comprometer el calendario electoral y aumentar la incertidumbre en un momento clave del proceso democrático.