La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de revocar el fallo que extendía el Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de hondureños en Estados Unidos es un duro golpe no solo para esas familias, sino también para Honduras en su conjunto. Más de 70,000 compatriotas han estado amparados por este beneficio migratorio desde que fue otorgado en 1999 tras el paso devastador del huracán Mitch.
Muchos de ellos llevan más de dos décadas construyendo una vida en ese país, trabajando, pagando impuestos y sosteniendo a sus familias en Honduras mediante remesas que hoy representan más del 25% del PIB nacional.
La pérdida del TPS amenaza con desarraigar a hombres y mujeres que ya no son simples migrantes temporales: son padres y madres de más de 50,000 niños nacidos en EEUU, ciudadanos estadounidenses que podrían ver rota su unidad familiar. Se trata de personas trabajadoras, insertadas en la economía norteamericana, mayoritariamente en los sectores de construcción, agricultura, limpieza y servicios, que aportan mano de obra clave para ciudades enteras.
Pero este episodio también pone en evidencia un punto crítico: la política exterior del actual gobierno hondureño no ha contribuido a crear condiciones de empatía o respaldo en Washington. El abierto apoyo de la administración de Xiomara Castro a regímenes como el de Nicolás Maduro y su alineamiento con actores que son vistos como adversarios de la democracia por Estados Unidos tienen consecuencias palpables. Cuando Honduras se coloca del lado equivocado de la geopolítica, quienes terminan pagando la factura son precisamente los migrantes.
El reto es enorme para el próximo gobierno: deberá reconstruir la relación bilateral con EE. UU. desde la seriedad, la diplomacia y la defensa real de los intereses de nuestros connacionales. La protección de los hondureños en el exterior no puede seguir siendo rehén de afinidades ideológicas, sino convertirse en prioridad de Estado.
Hoy, el futuro de decenas de miles de familias está en juego. El golpe al TPS nos recuerda que las decisiones de política exterior sí tienen repercusiones internas, y que el costo de la improvisación y el populismo lo terminan cargando los más vulnerables.