La administración del presidente Donald Trump continuó este viernes su política de restricciones migratorias al revocar la visa del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en medio de un clima de profunda incertidumbre por el lento recuento de votos tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la medida se sustenta en la normativa migratoria estadounidense —incluidas las Secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)— que faculta a Washington a negar o retirar visas a personas cuyas acciones podrían tener “consecuencias adversas graves para la política exterior” de ese país.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Redondo habría obstaculizado el recuento de votos en el proceso electoral hondureño, lo que, a juicio de Washington, representa un atentado contra la voluntad de los más de 3.4 millones de hondureños que participaron en los comicios.
La decisión amplía las acciones anunciadas el jueves por el Departamento de Estado, que ya había revocado la visa del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, y denegado la de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral.
Luis Redondo rechazó las acusaciones
En respuesta, Redondo publicó un mensaje en redes sociales en el que condenó las medidas de Estados Unidos, calificándolas como injerencia en los asuntos internos de Honduras. En su pronunciamiento insistió en la soberanía del país y rechazó presiones externas, aunque no ofreció más detalles sobre acciones legales o diplomáticas que su bancada pueda emprender.
Repercusiones políticas y diplomáticas
El incremento de sanciones migratorias se produce en un contexto de tensiones políticas en Honduras, donde la definición del ganador de las elecciones presidenciales aún no ha sido oficializada debido a inconsistencias en el recuento de votos. Washington ha justificado sus medidas como parte de un esfuerzo por promover la rendición de cuentas y defender el Estado de derecho, pero sectores políticos hondureños lo han calificado como una intervención externa en el proceso electoral.
Hasta el momento, el Gobierno hondureño liderado por la presidenta Xiomara Castro no ha emitido una postura oficial conjunta respecto a la nueva ronda de sanciones.