El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras emitió este 24 de diciembre la declaratoria oficial de las Elecciones Generales 2025 a nivel presidencial y de diputados al Parlamento Centroamericano, confirmando el triunfo del candidato nacionalista Nasry Juan Asfura Zablah en unos comicios marcados por un estrecho margen y fuertes tensiones institucionales.
Asfura es declarado presidente
El CNE declaró electo como presidente constitucional de la República de Honduras, para el período 2026-2030, a Nasry Juan Asfura Zablah, del Partido Nacional de Honduras, con 1,479,748 votos válidos, respaldados en 18,757 actas equivalentes al 97.86% de las actas de resultados del nivel presidencial. La certificación destaca que la diferencia con el segundo lugar es de 0.74 puntos porcentuales, pero subraya que existe una “imposibilidad matemática” de revertir los resultados con el porcentaje restante por procesar.
Según la declaratoria, la fórmula presidencial del Partido Nacional se impone sobre el Partido Liberal de Honduras, encabezado por Salvador Nasralla, y sobre Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata fue Rixi Moncada, en un contexto de alta participación y escrutinio público. El documento insiste en que la voluntad popular expresada el 30 de noviembre “no puede ser paralizada ni sometida a veto político” mediante maniobras de escrutinio especial o impugnaciones dilatorias.
Contexto de presiones y sabotaje
En una narrativa poco habitual para un acto administrativo de declaratoria, el CNE dedica numerosos considerandos a describir presiones, sabotajes y amenazas contra su autonomía institucional. Señala que durante el proceso hubo “constantes sabotajes, obstrucciones y presiones”, incluyendo actuaciones de miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) que habrían generado retrasos injustificados en el escrutinio especial de actas presidenciales.
El órgano electoral denuncia que algunas JEVR llegaron a tardar hasta doce horas en procesar una sola acta –cuando el promedio técnico previsto era de cuarenta minutos–, lo que atribuye a una “confabulación” destinada a impedir o retrasar la declaratoria de resultados. Asimismo, documenta hechos de violencia en el Centro Logístico Electoral, ataques y campañas contra las consejeras, e incluso la instrumentalización de instituciones como el Ministerio Público, a los que califica como un “sabotaje electoral” orientado a desconocer las elecciones de 2025.
Defensa de la autonomía del CNE
El documento enfatiza repetidamente que el CNE es un órgano “especial, autónomo e independiente”, con competencia exclusiva para la organización y declaratoria de elecciones, y rechaza cualquier intento del Congreso Nacional de sustituirlo en estas funciones. Precisa que el Legislativo solo podría intervenir en escenarios de “imposibilidad objetiva, absoluta y verificable”, condiciones que el propio CNE sostiene que no se dan en este caso.
Sobre la naturaleza jurídica de la declaratoria, el Pleno recalca que se trata de un acto declarativo y no constitutivo, que se limita a certificar un resultado ya producido por el escrutinio general. Bajo esa lógica, afirma que la declaratoria no es una decisión política sometida a votación colegiada, sino una certificación institucional obligatoria derivada de los datos electorales, cuya omisión o bloqueo violaría los principios de legalidad, preclusión y respeto a la voluntad popular.
Resultados y respaldo internacional
El CNE detalla que, al momento de la declaratoria, se habían recibido 19,153 actas de un total de 19,167 (99.93%), y que 18,820 habían sido divulgadas correctamente, mientras 333 presentaban inconsistencias, lo que equivale a un 98.18% de actas consistentes en el nivel presidencial. Ese nivel de procesamiento es utilizado como argumento técnico para descartar la repetición de elecciones y la existencia de un vacío de resultados.
El órgano electoral invoca el principio de conservación del acto electoral, previsto en la Constitución y en la Ley Electoral, para privilegiar la validez del proceso y evitar que errores parciales o controversias políticas conduzcan a la nulidad general de los comicios. La certificación apunta además que misiones de observación nacionales e internacionales han descrito las elecciones como pacíficas y participativas, con defectos procesales que no alteran la legitimidad global de los resultados.
Designados presidenciales y diputados al PARLACEN
La declaratoria incluye también la proclamación de los designados presidenciales que acompañarán a Asfura, todos del Partido Nacional: María Antonieta Mejía Sánchez, Carlos Alberto Flores Guifarro y Diana Baleska Herrera Portillo. El CNE detalla sus datos de identificación y formaliza su elección como parte de la fórmula presidencial que asumirá el 27 de enero de 2026.
En el nivel de Parlamento Centroamericano (PARLACEN), se proclaman veinte diputados propietarios y veinte suplentes, distribuidos principalmente entre el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libertad y Refundación. El documento ordena notificar a los electos, extender credenciales y comunicar la declaratoria a los poderes del Estado y a los partidos políticos, así como garantizar su publicación en La Gaceta o, en su defecto, mediante medios oficiales alternativos y diarios de circulación nacional. de revertir los resultados con el porcentaje restante por procesar.