El presidente Nasry Asfura viaja este jueves 5 de marzo a la sede del Banco Mundial en Washington D.C. para firmar oficialmente la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El acto cierra un ciclo de dos años de aislamiento jurídico que la administración Castro abrió en febrero de 2024 y que el sector privado nacional e internacional señaló como una señal equivocada en el peor momento posible para atraer capital extranjero.
Qué es el CIADI y por qué importa
El CIADI es el organismo del Banco Mundial especializado en resolver disputas entre inversionistas extranjeros y Estados. No es un tribunal ordinario: es un mecanismo de arbitraje técnico, con árbitros especializados y plazos definidos, diseñado para que las empresas que invierten en un país tengan una instancia neutral si el Estado incumple contratos o cambia las reglas del juego. El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, lo explicó con precisión: un inversionista no puede esperar 10 años para que la justicia ordinaria resuelva un conflicto. El CIADI reduce esa espera a plazos manejables, lo que se traduce directamente en apetito inversor.
Para Honduras, la membresía en el CIADI no es un detalle técnico: es una señal de mercado. Los fondos de inversión, las calificadoras de riesgo y los socios comerciales leen la adhesión a este mecanismo como un indicador de que el país respeta los contratos y no cambia las reglas a mitad del partido.
Cómo llegamos aquí: la salida de 2024 y sus consecuencias
En febrero de 2024, el gobierno de Xiomara Castro denunció el Convenio del CIADI, argumentando que el mecanismo socavaba la soberanía nacional y favorecía a inversionistas extranjeros sobre los nacionales. El argumento ignoraba una realidad estructural: Honduras no es un país que recibe demasiada inversión extranjera que haya que frenar. Es un país que compite —y pierde— frente a Guatemala, El Salvador y Costa Rica en la disputa por cada dólar de inversión regional.
La salida generó incertidumbre jurídica sin lograr el efecto protector que prometía: las controversias derivadas de compromisos previos continuaron bajo jurisdicción del CIADI aun después de la salida, dado que las normas del organismo así lo establecen. Honduras asumió los costos políticos de retirarse sin escapar de las demandas activas. El gobierno heredó más de 147 millones de dólares drenados por demandas y embargos sobre la caja única del Estado, más una deuda flotante de 905 millones de dólares que limita la capacidad de invertir en proyectos de desarrollo.
El proceso de regreso: lo que se firma y lo que viene
Asfura solicitó formalmente el reingreso mediante una misiva dirigida a la secretaria general del CIADI, Martina Polasek, en la que el Ejecutivo manifestó su disposición a cumplir con todos los requisitos y procedimientos del Convenio. La firma de este jueves en Washington es el acto formal que concreta ese compromiso, aunque la reincorporación plena tomará entre dos y tres meses adicionales mientras se completan los trámites administrativos.
El sector privado celebra la medida. El gerente de política económica del COHEP, Santiago Herrera, destacó que la salida del CIADI no mandó buenas señales ni contribuyó a la generación de empleo, y valoró positivamente la velocidad con que el nuevo gobierno revierte esa decisión. El secretario del COHEP, Daniel Fortín, añadió que Honduras necesita métodos alternos para resolver conflictos de forma más expedita, y que el CIADI cumple exactamente ese rol.
Una señal que llega en el momento correcto
El regreso al CIADI forma parte de una agenda deliberada del gobierno Asfura para reposicionar a Honduras como destino confiable para el capital extranjero. El embajador Flores Bermúdez fue explícito: el retorno al mecanismo estimula la confianza inversora y abre la puerta a que el propio gobierno norteamericano colabore para que la inversión privada estadounidense regrese al país. La firma de este jueves ocurre además en la semana en que Asfura participa en la cumbre regional convocada por Trump en Miami, donde se discutirán marcos de cooperación económica para Centroamérica.