El proceso electoral hondureño avanza con sobresaltos y nuevas alertas en el camino. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene firme la fecha de los comicios generales de 30 de noviembre, la logística y las reglas del juego siguen generando preocupación tanto en la ciudadanía como en las organizaciones de veeduría.
Uno de los puntos más críticos es el de la conectividad. En el país existen alrededor de 1,700 centros de votación que no cuentan con acceso a internet ni señal de datos móviles, la mayoría ubicados en zonas rurales, montañosas y de difícil acceso. Estos centros son clave porque concentran comunidades enteras donde la única manera de transmitir resultados sería mediante un sistema satelital. El CNE había abierto un proceso de licitación para asegurar esa conectividad, pero el mismo fracasó, ya que las empresas no cumplieron con determinados requisitos en las ofertas presentadas, y el contrato quedó sin adjudicación, publica hoy el diario ‘Tiempo’. El consejero del CNE por Libre, Marlon Ochoa, que este contrato se hará de forma expedita, con la invitación a empresas para que concurran.
En paralelo, el debate se ha encendido por el Reglamento de Observación Electoral. Este documento regula tanto a los observadores nacionales como internacionales, estableciendo requisitos de acreditación y limitaciones en sus funciones. Entre las disposiciones más cuestionadas está la obligación de que los veedores entreguen sus informes primero al CNE antes de difundirlos al público, así como la prohibición de hacer declaraciones sobre temas considerados “controvertidos” hasta presentar el informe final. Para el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dirigido por Gabriela Castellanos, estas restricciones vulneran la independencia de la observación y chocan con estándares internacionales que garantizan transparencia y libre acceso a la información.
Pese a esas limitaciones, el CNE ya acreditó a 29 organizaciones nacionales para ejercer la función de observación en las elecciones de noviembre. Sin embargo, con un reglamento que limita la difusión inmediata de hallazgos, las críticas apuntan a que la observación podría quedar “amordazada” justo cuando la confianza en las instituciones electorales es más frágil.
A este panorama se agregan las advertencias del consejero Marlon Ochoa, quien recordó que aún están pendientes 78 de los 141 hitos del cronograma electoral, entre ellos la capacitación de los miembros de mesa, la integración de las Juntas Receptoras de Votos y la contratación de servicios tecnológicos de soporte. Ochoa advierte que cada retraso acumulado podría impactar en la legitimidad del resultado final.
Así, el proceso electoral avanza, pero lo hace con serias piedras en el camino: un reglamento bajo críticas, una observación limitada, un contrato de conectividad que no encuentra adjudicación y un calendario con tareas todavía sin cumplir. Todo ello refuerza la percepción de que la organización de los comicios de noviembre enfrenta un desafío de alta complejidad que pondrá a prueba la capacidad del CNE.