La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, propone que “nadie sea excluido del sistema financiero”, retirando a todos los ciudadanos morosos de la central de riesgo crediticio a partir de su mandato, con la justificación de que quienes figuran allí están “marginados financieramente”. La propuesta es populista, negativa y tendría efectos contrarios a los esperados. Aquí están las claves:
1. Perder herramienta de evaluación del riesgo crediticio
La central de información crediticia no es un castigo, sino una herramienta técnica que permite a entidades financieras evaluar el riesgo de prestar. Sin ella, los bancos, financieras, aseguradoras, etc., tendrían mayor dificultad para determinar cuán probable es que un préstamo sea reembolsado.
Esto podría traducirse en decisiones más conservadoras por parte de los prestamistas: otorgar menos crédito, subir las tasas de interés, exigir garantías más fuertes o plazos más cortos.
2. Aumento general de las tasas de interés y restricciones al crédito
Si desaparece la información negativa, los prestamistas asumirán mayor incertidumbre al momento de evaluar clientes. Para compensar ese riesgo, podrían subir las tasas de interés para todos. Personas con buen comportamiento crediticio podrían pagar más como consecuencia.
También es probable que bajen los montos de préstamo ofrecidos, o que se exijan mayores garantías, lo que hace el acceso al crédito más costoso o inaccesible para quienes tienen menos recursos.
3. Incentivo moral perverso / cultura del incumplimiento
Si se elimina la penalización –o la consecuencia de un mal historial crediticio–, puede fomentar la idea de que no pagar no tiene costos duraderos o que con un cambio de gobierno se sale del registro. Esto puede llevar a un mayor incumplimiento generalizado.
La existencia de registros negativos sirve como señal para los usuarios de que los compromisos financieros tienen consecuencias, lo que estimula la responsabilidad en los pagos.
4. Impacto en la estabilidad financiera y confianza de los inversionistas
Los inversionistas nacionales e internacionales, así como las instituciones financieras, valoran que los riesgos crediticios estén claramente documentados. Si se borra o elimina esa información, podría disminuir la confianza del mercado financiero en Honduras.
Incluso podría tener repercusiones en las calificaciones crediticias soberanas, primas de riesgo país, condiciones de financiamiento externo, etc.
5. Costo para el sistema financiero
Mayor riesgo de incumplimiento, menos capacidad de previsión, pérdidas mayores para las entidades que prestan dinero. Esto puede traducirse en bancarrotas, problemas de liquidez o necesidad de mayores provisiones para deudas incobrables.
Aumenta el riesgo de que las pérdidas sean trasladadas al público (por ejemplo, mediante apoyos estatales, garantías o mayor carga impositiva si el sistema financiero quiebra o se tambalea).
6. Desigualdad en los efectos
Aunque la medida apunta a beneficiar a quienes están “marginados financieramente”, podría generar efectos adversos contra los más vulnerables: éstos podrían terminar pagando tasas más altas aún si no tienen historial negativo, por el aumento general de riesgo percibido.
Personas y empresas ya cumplidoras podrían percibirse como más riesgosas debido al “promedio” del sistema crediticio, lo que les penalizaría.
7. Eficacia limitada para solucionar la verdadera raíz del problema
Muchos de los que tienen deudas lo hacen por causas estructurales: desempleo, ingresos bajos o irregulares, crisis económicas, desastres naturales, inflación, falta de oportunidades. Eliminar su registro negativo no resuelve esas situaciones.
Mejor sería enfocarse en políticas integrales: educación financiera, mejora de ingresos, mecanismos de refinanciamiento o alivio en tiempos de crisis, reformas legales que reconozcan excusas válidas (por ejemplo, desastres naturales, emergencias de salud), en vez de eliminar por completo la herramienta del historial crediticio.
8. Alternativas que pueden lograr inclusión sin eliminar la central
Ya hay precedentes en Honduras de reducir el tiempo de permanencia de la información negativa, como de 5 a 2 años para ciertos casos.
También se han propuesto leyes para que al saldar la deuda, una persona sea removida del historial negativo de la central de riesgo de forma inmediata.
Reformas parciales, regulaciones que permitan revisar casos especiales, amnistías focalizadas, incentivos para ponerse al día, reestructuración de deudas podrían balancear inclusión y riesgo.
9. Problemas operativos / legales
Se requerirá cambiar leyes, regulaciones, mecanismos técnicos y de supervisión. Puede haber costos de implementación, conflictos con contratos vigentes, resistencia de los prestamistas que dependen de la central para su propio análisis de crédito.
También podría chocar con obligaciones internacionales, acuerdos financieros, estándares de regulación bancaria que exigen transparencia y manejo de riesgo adecuado.