El gobierno de Honduras decretó estado de emergencia durante 45 días en los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira debido a los daños provocados por intensas lluvias. Esta medida permite la contratación directa de bienes y servicios, sin recurrir a los procedimientos habituales de licitación, buscando así agilizar la atención a los damnificados y la reconstrucción de infraestructura crítica.
Las lluvias han dejado al menos 11 muertos, más de 10,000 personas afectadas y numerosas viviendas dañadas, además de varias comunidades incomunicadas. El Ejecutivo también ordenó el teletrabajo para los empleados públicos en la capital y suspendió clases en universidades y otras instituciones, priorizando el salvamento, rescate y reconstrucción.
Sin embargo, diversos sectores expresan preocupación por el uso discrecional de fondos públicos, la ausencia de controles rigurosos y el desvío de pagos a proveedores estatales para financiar estas compras de emergencia. Empresas contratistas y municipalidades se ven afectadas por la reprogramación de transferencias y pagos previamente acordados. Analistas advierten que la falta de límites claros y supervisión en las contrataciones puede elevar el riesgo de corrupción, especialmente en un año electoral.
La crisis evidencia la falta de previsión estructural y la vulnerabilidad del país ante el cambio climático, remarcando la urgencia de crear fondos de emergencia permanentes y mejorar la transparencia y planificación en la gestión de riesgos, para evitar que la respuesta ante desastres comprometa otras obligaciones esenciales del Estado.