En una jornada que reconfiguró el equilibrio institucional del país, el Congreso Nacional destituyó la noche del miércoles 25 de marzo al fiscal general del Ministerio Público, Johel Antonio Zelaya Álvarez, mediante 93 votos de cuatro bancadas, en lo que constituye la primera aplicación consumada del juicio político contra un titular de ese rango en la historia reciente de Honduras. Minutos después, la magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ráquel Obando, presentó su renuncia al cargo antes de que se abriera formalmente el proceso en su contra, dejando la presidencia del Poder Judicial en manos del magistrado Wagner Vallecillo Paredes, designado de forma interina por el propio Congreso.
El proceso: de la denuncia al pleno en menos de una semana
El juicio político contra Zelaya se desarrolló en un ritmo acelerado. La Comisión Especial, presidida por el diputado Mario Pérez e integrada por Jorge Cálix, Antonio Rivera, Luz Ernestina Mejía, Kilvett Bertrand, Francis Cabrera, María José Sosa, Alex Berríos y Éder Leonel Mejía, recabó los testimonios de siete testigos en audiencia pública y analizó prueba documental que sustentó el informe final presentado al pleno.
Las acusaciones recogidas en el informe apuntaron a una operación sistemática de instrumentalización política de la justicia: manipulación de expedientes, engavetamiento de investigaciones de alto perfil, incluyendo el denominado «narcovideo», y acciones consideradas desproporcionadas en otros casos de menor relevancia. Fiscales de carrera declararon haber sido trasladados, degradados o despedidos por negarse a alterar procesos investigativos. Uno de los testimonios señaló directamente haber recibido órdenes para modificar un expediente contra un exalcalde implicado en corrupción. El informe final concluyó que el Ministerio Público operó bajo una lógica de concentración de decisiones en un círculo de confianza, favoreciendo intereses del oficialismo y bloqueando investigaciones políticamente sensibles.
Zelaya compareció el martes ante la comisión, donde respondió interrogatorios durante casi cinco horas. Sin embargo, el día de la sesión plenaria envió una nota a la secretaría del Congreso anunciando que no se presentaría, argumentando que se le habían violentado sus derechos y que el proceso avanzó de forma acelerada y sin las debidas garantías. También intentó frenar la destitución solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley que regula el juicio político, recurso que no prosperó. A pesar de su ausencia, el pleno procedió a la lectura del informe y a la votación, respaldada por las bancadas del Partido Liberal, el Partido Nacional, Democracia Cristiana y PINU. La bancada de Libre rechazó el proceso con gritos y silbidos dentro del hemiciclo. Destituido, Zelaya anunció que presentará una demanda internacional contra el Congreso Nacional.
Pablo Emilio Reyes Theodore, el nuevo fiscal general
De forma inmediata tras la destitución, el cargo de fiscal general fue asumido por Pablo Emilio Reyes Theodore, designación que el Congreso concretó en la misma sesión. La continuidad operativa del Ministerio Público quedó así asegurada en lo formal, aunque la magnitud de los cuestionamientos institucionales expuestos durante el proceso deja pendiente una revisión profunda de la estructura interna del ente acusador.
Raquel Obando se va antes de que comience el juicio
Minutos después de consumada la destitución de Zelaya, el Congreso inició la lectura de una denuncia para abrir juicio político contra la magistrada Raquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La respuesta de Obando fue inmediata: remitió una nota de renuncia a la secretaría del Congreso argumentando motivos personales. Su salida, sin embargo, tiene un alcance limitado: Obando renunció a la presidencia del Poder Judicial, no a su cargo de magistrada, para el cual fue electa el 16 de febrero de 2023 con vigencia hasta 2030. El Congreso nombró al magistrado Wagner Vallecillo Paredes como presidente interino de la Corte Suprema.
Lo que viene: Zambrano anuncia más juicios políticos
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue explícito al cierre de la sesión: en los próximos días vendrán más juicios políticos contra altos funcionarios del gobierno.