La Organización de Estados Americanos convocó una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente ante los crecientes temores de que el proceso electoral hondureño enfrente interferencias que alteren su normal desarrollo. La solicitud fue presentada por Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda, países que expresaron preocupación por las actuaciones recientes de instituciones hondureñas y por lo que califican como señales de tensión que comprometen la transparencia del 30 de noviembre.
Las alertas surgieron luego de que el Ministerio Público, dirigido por Johel Zelaya, iniciara acciones contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y una consejera del Consejo Nacional Electoral, lo que ha sido interpretado por observadores nacionales e internacionales como una maniobra que favorece a Libre en un momento decisivo. La OEA ha pedido que las autoridades electorales trabajen con plena autonomía y sin presiones, mientras organizaciones civiles advierten que el clima político se ha deteriorado con rapidez.
La Misión de Observación Electoral de la OEA, presente en el país desde hace semanas, reportó retrasos operativos, dudas sobre la logística de la jornada y un ambiente de intimidación que afecta a funcionarios clave. La relevancia de estos hallazgos aumentó cuando distintos sectores denunciaron que el Gobierno podría estar intentando manipular el proceso mediante acciones judiciales que ponen contra la pared a quienes deben garantizar el conteo y la integridad del voto.
A pocos días de la elección, la convocatoria de la OEA sube la presión sobre Tegucigalpa y coloca el enfoque internacional en la forma en que el oficialismo maneja el cierre de la campaña. La demanda de los países impulsores es directa: que el Gobierno asegure condiciones limpias y que detenga cualquier iniciativa que debilite a las instituciones encargadas de administrar el proceso.