El Congreso revoca la Comisión Permanente de Redondo y la declara ilegal

El Congreso revoca la Comisión Permanente de Redondo y la declara ilegal

El Congreso Nacional de Honduras dejó sin efecto la instalación de la Comisión Permanente ordenada por Luis Redondo, al considerar que carece de validez jurídica y contraviene decisiones previas del pleno. La resolución fue aprobada durante una sesión extraordinaria celebrada en la iglesia Vida Abundante, en la colonia Las Colinas de Tegucigalpa, donde se reunieron más de 70 diputados de las bancadas opositoras.

La convocatoria fue realizada ante la crisis interna generada por la decisión de Redondo de mantener activa la Comisión Permanente a pesar de que el pleno había extendido el período de sesiones ordinarias. Los legisladores presentes aprobaron declarar nula la instalación de dicha comisión, al considerar que fue conformada sin base legal y que vulnera la Constitución y el Reglamento Interno del Congreso Nacional.

En el acta de la sesión, los diputados acordaron además designar una comisión especial encargada de iniciar gestiones ante la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales, con el propósito de “defender la democracia, el orden constitucional y el equilibrio entre los poderes del Estado”. El documento también establece que cualquier resolución tomada por la Comisión Permanente encabezada por Redondo será inexistente y carente de efectos jurídicos.

La decisión refleja una nueva división en el Poder Legislativo y amplía el conflicto político que enfrenta el país. Mientras las fuerzas opositoras insisten en que Redondo ha excedido sus atribuciones, los diputados afines al oficialismo sostienen que la Comisión Permanente fue instalada conforme a la ley y que el resto de legisladores actuaron fuera del recinto legislativo.

Analistas señalan que esta medida abre un nuevo escenario de incertidumbre institucional, ya que la falta de reconocimiento mutuo entre los grupos parlamentarios podría derivar en resoluciones paralelas y afectar la gobernabilidad. El pronunciamiento también plantea interrogantes sobre la legalidad de futuras decisiones legislativas y su impacto en el proceso electoral, en un momento en que la tensión política se encuentra en aumento.