El Ministerio Público ha iniciado oficialmente diligencias de investigación contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, según informó el diario El Tiempo.
El oficio emitido por la Unidad Especial contra Delitos Electorales solicita a los magistrados que remitan copias certificadas de convocatorias, actas, audios, videos y otros expedientes correspondientes a sus sesiones plenas. La acción ha sido interpretada por algunos como un intento de presión política a pocas semanas de las elecciones generales.
El MP, además de solicitar documentación, exige detalles sobre las decisiones tomadas en relación con la impresión de papeletas y cambios en fórmulas de candidaturas para determinados departamentos, como en el caso de Olancho.
El diputado Jorge Cálix, quien ha denunciado irregularidades en la estructura electoral, ha calificado la investigación como parte de un “golpe a la institucionalidad” y advierte que el objetivo sería debilitar al TJE para favorecer al partido oficialista.
Las reacciones en contra de la instrumentalización del MP llegaron del Partido Liberal y Partido Nacional.
Los nacionalistas respaldan y brindan su total apoyo a los Magistrados Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Mario Flores Urrutia «ante la vil instrumentalización de la Fiscalía de Delitos Electorales, que actúa contra dos magistrados en el ejercicio constitucional de sus funciones».
La bancada del Partido Liberal de Honduras reaccionó con firmeza ante la investigación del Ministerio Público contra los magistrados del TJE, calificando las acciones como una “instrumentalización de la justicia con fines políticos”. En un comunicado oficial, el PLH denunció que la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales estaría intentando “presionar, intimidar y debilitar al máximo órgano de justicia electoral” en un momento crucial del proceso democrático.
Según el documento, abrir investigaciones por decisiones propias de la función jurisdiccional del Tribunal representa “un atentado contra la separación de poderes y el Estado de derecho”, generando incertidumbre y poniendo en riesgo la transparencia del próximo proceso electoral.