El Plan de Gobierno de Rixi Moncada no solo propone fortalecer la banca pública, sino que apunta directamente a la nacionalización de la banca hondureña, disfrazada de modernización financiera y acceso al crédito. Desde el inicio de su campaña, su Ley Fintech se ha presentado como una herramienta para abrir el sistema financiero a la innovación, a los bancos digitales y al financiamiento colectivo, pero en realidad es la primera pieza de un proyecto que concentra en el Estado el poder sobre el crédito y los recursos de los hondureños.
La ley establece mecanismos que permiten que la banca pública y las fintech estatales tengan prioridad sobre los bancos privados, mientras que la eliminación de la Central de Información Crediticia garantiza que el Estado decida quién puede recibir crédito, sin importar la solvencia individual. Moncada ha prometido que todos los hondureños estarán habilitados para recibir préstamos, lo que implica que el control económico pasará directamente a manos del gobierno, reduciendo drásticamente la capacidad de acción de la banca privada y desplazando los criterios de mercado.
Las declaraciones de Moncada refuerzan esta interpretación. Ha dicho públicamente que “todos deben salir de la central de riesgo”, y ha repetido en diferentes actos de campaña que su propósito es democratizar la economía y acabar con los monopolios del sistema financiero. Para ella, la banca privada y los bancos tradicionales representan el obstáculo que debe eliminarse para que el Estado concentre la política de crédito y financiamiento.
Su admiración por Cuba y Fidel Castro añade un marco ideológico a este plan. En televisión aseguró tener admiración por el modelo cubano y por Castro, lo que deja entrever su afinidad por sistemas donde el Estado concentra la economía y regula directamente la actividad privada. La influencia de Mel Zelaya también apunta a un patrón: la cercanía ideológica con su mentor sugiere que este plan no es un experimento aislado, sino la continuación de agendas de intervención estatal ya ensayadas en Honduras.
Los precedentes regionales muestran las consecuencias de políticas similares. En Venezuela, la nacionalización de bancos privados y el control estatal del crédito derivaron en pérdidas multimillonarias, préstamos dirigidos políticamente y colapso de instituciones financieras, con hiperinflación que llegó a niveles extremos. La banca pública allí no logró sostener la economía ni proteger los ahorros de las familias, sino que se convirtió en una herramienta de poder político.
La combinación de eliminación de la central de riesgo, expansión de la banca pública y legislación fintech que privilegia actores estatales crea un escenario claro: el Estado controlará los flujos financieros, decidirá quién recibe crédito y bajo qué condiciones, y reducirá a mínimos las oportunidades para la banca privada. Los ahorros de los hondureños podrían quedar en riesgo, mientras el poder político se concentra en manos de Moncada y sus aliados.
Rixi Moncada se presenta con piel de moderada, pero los hechos, declaraciones y antecedentes de su círculo político permiten anticipar que su pretensión real es seguir el modelo de Castro y Maduro, imponiendo un control estatal radical sobre la economía. Lo que hoy se anuncia como Ley Fintech y modernización financiera es, en realidad, el primer paso hacia la nacionalización encubierta de la banca hondureña y la concentración de poder económico en el Estado.